Así lo pone de manifiesto un informe titulado ‘El trabajo humanitario en riesgo: fomentar la protección del personal humanitario y sanitario para asegurar el acceso a la ayuda’ elaborado por las organizaciones Médicos del Mundo, Handicap International, Humanity & Inclusion y Acción contra el Hambre, que dieron a conocer este viernes ante la Celebración del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que se celebra este sábado.

El documento ofrece una visión general de los desafíos y las principales demandas de las organizaciones humanitarias para proteger mejor a los trabajadores humanitarios y de salud.

Destaca especialmente que en 2022 se registraron al menos 439 ataques contra personal humanitario, tal y como consta en la Base de Datos de Seguridad para Trabajadores Humanitarios. El año pasado fue el más violento para el personal de la salud en 10 años. Se contabilizaron 1.989 incidentes violentos contra instalaciones y personal de la salud, lo que desencadenó 232 muertes entre profesionales de este ámbito. Alrededor de veinte países, incluidos Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Myanmar y Ucrania, fueron particularmente peligrosos para el personal humanitario y de la salud.

Además, el 90% de los trabajadores humanitarios y de la salud que han sido víctimas de ataques son actores locales. Están en primera línea, donde las necesidades son más altas, y brindan asistencia y atención médica en áreas a menudo inaccesibles para los actores internacionales.

Para garantizar la seguridad de su personal, según Acción contra el Hambre, las organizaciones humanitarias deben implementar estrategias para prevenir y responder a los riesgos a los que se enfrentan. Necesitan estar equipadas con material, capacitar a su personal y contar con trabajadores que gestionen la seguridad de los equipos, brindar evacuaciones de áreas arriesgadas, así como ofrecer apoyo psicológico, financiero o legal al personal que es víctima de ataques y a sus familias.

El director general de Acción contra el Hambre, Olivier Longué, alegó que "la violencia ejercida contra el personal humanitario y de la salud, al igual que contra las poblaciones civiles, requiere una conciencia urgente. Dada la extensión de las necesidades, especialmente en términos de seguridad alimentaria y nutrición, los Estados, así como los diferentes grupos armados, deben cumplir con sus compromisos y el Derecho Internacional".

Destacó que el principal de todos ellos es "cesar toda violencia contra los actores humanitarios, ya sean nacionales o internacionales, después dejar de politizar nuestras acciones; y garantizar el acceso humanitario", a la vez que indicó que los financiadores deben "asumir mejor los costos relacionados con la seguridad de nuestros empleados".