En su Memoria anual correspondiente al año 2001, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, apunta que "la realidad" de la siniestralidad laboral "no se corresponde con las estadísticas de que disponen los Servicios de Inspección, de forma que se considera que acaecen más accidentes de los que constan en sus registros".

Así "se nos ha expuesto reiteradamente en los diversos encuentros que hemos tenido on profesionales de la Inspección", asegura Cardenal en la Memoria.

La Fiscalía cree que el hecho de que se reflejen menos accidentes de los que realmente se producen obedece, en general, a dos causas. Por un lado, "porque quien sufre el accidente está inserto en relaciones laborales no convenientemente regularizadas, por lo que no tiene expectativas ciertas de acceder a las prestaciones legalmente previstas" si declara el accidente.

A esto se une que el trabajador "siente reserva hacia las conseuencias negativas que indudablemente pueden subvenir por el conflicto que pueda generarse con el empleador".

La segunda razón que aduce la Fiscalía es que "no hay indiciaria responsabilidad de terceras personas en la producción del evento lesivo, por lo que no se considera que a lo sucedido haya que darle ninguna trascendencia hacia el exterior".

Cardenal añade, además, que "el accidente laboral tiene como víctima a una persona en quien concurre la circunstancia tópica, pero no por ello menos rea, de que se encuentra en situación de inferioridad respecto al empleador".

Ante las consecuencias económicas que para el empresario podría tener la denuncia de un accidente y la presión que éste ejerce hace que el "entorno personal que rodea el accidente (trabajador perjudicado, trabajadores testigos) se vean sometidos a la presión de no propiciar la intervención administrativa ni, mucho menos, la judicial, por lo que la realidad de su acaecimiento ni siquiera va a salir a la luz o ello va a suceder d forma tan sesgada que cualquier posibilidad represora del derecho quedan 'ab initio' mutiladas".

La Fiscalía reitera "a la Administración sanitaria la necesidad de que se extreme el celo a la hora de poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier acto de asistencia respecto al cual exista la mínima sospecha de que la lesión o el óbito han tenido lugar en el curso de una actividad laboral, con independencia de cualquier manifestación que las partes hagan".

OBSTACULOS DE LA INSPECCION

a Fiscalía General del Estado considera que la falta de una "relación fluida" entre el Ministerio Fiscal y las autoridades de la Inspección Laboral dificultan su actuación en materia de prevención y persecución de delitos en materia de siniestralidad laboral.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, señala que la relación entre ambas instituciones es, en general, "altamente satisfactoria", pero se mantienen casos de falta de colaboración.

"Tampoco se ha erradicado por completo el obstáculo d la ausencia de la relación fluida entre el Ministerio Fiscal y las autoridades de Inspección y Laboral, y es preciso dejar constancia de que tal impedimento -altamente perturbador para la consecución de los mejores resultados- persiste todavía en algún territorio", entre los que cita expresamente Avila y Pontevedra.

Frente a ello, la Fiscalía destaca el interés de "un buen número de fiscalías" por llegar a suscribir "protocolos de actuación incluso a nivel de comunidad autónoma", que propugnan "conecar el Servicio de Siniestralidad con cualquier necesidad de defensa penal del trabajador".

En este sentido, el Ministerio Fiscal incide en los casos de acoso moral en el trabajo, conocido como "mobbing", que "no cabe duda que puede afectar, entre otras cosas, a la salud psíquica y física del trabajador".