Asimismo, el departamento dirigido por Ana Pastor cambiará la Ley de Crédito al Consumo para "facilitarla vinculación entre los contratos de consumo y de crédito, de forma que los ciudadanos sólo tengan que pagar mientras se presta el servicio contratado", según señaló Sanidad y Consumo en un comunicado.

En cuanto a los alumnos afectados por el cierre de Oxford English, Consumo informó de que pueden efectuar sus reclamaciones de forma rápida y gratuita, a través del sistema arbitral.

El ministerio y las autoridades autonómicas de consumo afectadas han acordado con la empresa propietaria de Oxford nglish su adhesión al sistema arbitral de consumo, lo que supone que los laudos que se dicten en este procedimiento arbitral tendrán carácter ejecutivo, equiparándose a una sentencia judicial.

Además, la Dirección General de Consumo y Atención al Ciudadano, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, ha impulsado la adopción de un código de buenas prácticas en el sector de enseñanzas no regladas, como el de las academias de inglés.

SISTEMA ARBITRAL

Este código, que comenzará a aplicrse en breve en todo el país, incluye un protocolo de reclamación a través del Sistema Arbitral de Consumo. La Confederación Española de Centros y Academias Privadas (CECAP) aprobará en breve un código de buenas prácticas elaborado en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios.

El cierre de los centros de Oxford English afecta a más de 4.500 alumnos de Cataluña, Madrid y Valencia, según Consumo. Las reclamaciones se pueden presentar en los organismos de consumo de la comunidad autónoa a la que pertenecen los afectados ó en su ayuntamiento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo también ha realizado desde el primer momento un importante esfuerzo en defensa de los derechos de los alumnos afectados por el caso Opening, concretado en el impulso de un acuerdo entre las entidades financieras y otras academias (Wall Street), a fin de ofrecer a los alumnos con créditos pendientes la finalización de los cursos que tenían contratados.

Al tiempo, la ministra Ana Pastor solicitó en su momeno a las entidades financieras implicadas en el cierre de Opening que no incluyeran en el registro de morosos a los alumnos que dejaron de pagar los créditos, mientras no existieran alternativas adecuadas.