Granados compareció ante la Comisión de Justicia e Interior, a petición del Partido Popular, para valorar el proyecto de ley que actualmente debate la Cámara Baja.

El fiscal del Estado aseguró que representa a una intitución que se mueve exclusivamente "desde la imparcialidad" y sólo responde de la aplicación de la ley, por lo que no puede pronunciarse ni sobre la conveniencia política ni sobre la constitucionalidad del proyecto del Gobierno.

Se limitó a recordar que el ministerio fiscal no ha elaborado ningún informe institucional sobre la reforma propuesta por el Gobierno y aseguró que tendrá que ser, en su caso, el Tribunal Constitucional el que determine si el proyecto de ley vulnera o no la Carta Magna.

Granados sí aportó algunos datos objetivos, como el hecho de que desde 1985, año de entrada en vigor de la ley vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo, hayan desaparecido prácticamente los casos de abortos clandestinos. También explicó que, en estos momentos, no hay ninguna mujer en la cárcel condenada por un delito de aborto.