Así lo aseguró este viernes en el Congreso Ángel Gabilondo, que entregó en la Cámara Baja el informe de su institución relativo a 2021.

El documento refleja que las familias han planteado dudas por los protocolos covid; los sistemas de ventilación; el absentismo escolar de menores vulnerables y las dificultades de la educación no presencial, entre otros asuntos.

Un año más continuaron las quejas por las dificultades en los procesos de admisión en determinados centros, las barreras de accesibilidad, las demoras en las obras de construcción y mantenimiento en algunos centros docentes, y dificultades para acceder a ayudas y becas. Asimismo, Gabilondo se hizo eco de "dificultades para acceder a estudios de Formación Profesional, o problemas para obtener ayudas y becas".

"Pese a la enorme complejidad y a la preocupación por el impacto de la suspensión de la actividad docente presencial y sus consecuencias, desde la institución se constata la respuesta de las administraciones y de la comunidad educativa, con el destacado protagonismo del profesorado y las familias. Gracias a las decisiones adoptadas se han podido paliar efectos de gran propagación de la pandemia en el ámbito escolar", asegura el informe.

ESTUDIAR EN CASTELLANO

La institución también recibió quejas de personas que mostraron disconformidad con los proyectos educativos implantados en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de las comunidades autónomas de Valencia, Cataluña y Baleares, solicitando que la lengua castellana sea utilizada de forma proporcional y equitativa en todas las etapas de enseñanza obligatoria.

A finales de 2021 el Defensor inició una actuación de oficio ante la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña para conocer "cómo estaba protegiendo" a un menor de Canet de Mar (Barcelona) y a su familia ante la presión social y política a la que estaban siendo sometidos, tras haber reclamado clases en castellano. La institución solicitó información de otros casos similares que se hubieran podido producir en la región.

Ángel Gabilondo transmitió a la Consejería de Educación "su preocupación" por la situación en la que se encuentra esta familia tras haber adquirido firmeza la sentencia del Tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano.