Este artículo establece que en los casos en que el juez decrete la incomunicación, los detenidos deberán prestar declaración asistidos por un abogado de oficio y no por el que libremente designen el interesado o sus failiares.

En protesta por lo que consideran una "indefensión" para los detenidos por delitos de terrorismo, los abogados adoptaron la medida de abandonar las defensas.

La reanudación de sus labores de asistencia se debe a que entienden que "todavía quedan algunos cauces para solucionar esta situación", según aseguró hoy en rueda de prensa en Bilbao el letrado Kepa Landa.

La Junta del Colegio de Abogados, presidida por Antonio Pedrol Ríus, estudió la semana pasada la postura de los abogados viculados a Herri Batasuna y protestó ante la Audiencia porque los letrados no pudiesen asistir a las primeras declaraciones de aquellos arrestados a los que, más tarde, representan en las vistas orales.

A juicio del presidente de la Junta del Colegio de Abogados, Antonio Pedrol Ríus, el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite esta situación es inconstitucional y "viola de manera flagrante" el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas de 1950, sí como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Los abogados anunciaron también que iniciaran actuaciones judiciales contra el tribunal del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional "por las manifestaciones que hizo a una detenida, a quien cuestionó su puesta en libertad a acogerse a las medidas de reinserción social".

Según los letrados, tras esta afirmación pudiera existir un delito de prevaricación (dictar resoluciones judiciales a saiendas de que son injustas).