En rueda de prensa, los abogados de oficio del caso del 11-M, que se ocupan de la defensa de 21 de los 29 acusados, afirmaron que los procesados se encuentran en una situación de "indefensión absoluta", debido a que, por un caso que durará entre 4 y 6 años, según sus estimaciones, el Ministerio de Justicia tan sólo les pagará 315 euros (más 19 euros por cada 1.000 páginas de sumario).

Los letrados acusaron al Ministerio de Justicia de no proporcionarles los medios económicos y materiales suficientes para defender "con las mínimas garantías" a sus clientes y anunciaron que evitarán "con todos los mecanismos legales a su alcance" que el juicio se celebre en las condiciones actuales, aunque quisieron dejar claro que, en ningún caso, renuncian a defender a los procesados.

"Resulta judicialmente escandaloso que el Estado de Derecho no pueda garantizar la defensa de los procesados. Para hacer una correcta defensa deberíamos dedicarnos exclusivamente a este caso, por lo que deberíamos cerrar nuestros despachos", señaló el letrado Eduardo García, encargado de leer el comunicado.

Todos estos abogados, que dijeron dedicarse al turno de oficio de forma voluntaria y por vocación de servicio público, no se ocupan de forma exclusiva al caso 11-M, ya que, además, deben atender otros procesos de oficio y sus despachos privados, por lo que les resulta imposible estudiarse "un sumario desorbitado" como el de los atentados de Madrid.

Debido a que sólo cobrarán 315 euros por todo el proceso, los abogados se enfrentan a grandes problemas de falta de medios, como la imposibilidad de contratar a traductores para entenderse con sus clientes, ya que algunos de ellos o no hablan castellano o lo hacen de forma precaria, o las dificultades para desplazarse hasta las cárceles en las que están internados los procesados.

Además, García señaló que existe "una quiebra absoluta del principio de igualdad de partes", ya que el Ministerio Fiscal, consciente de las dimensiones del caso, ha designado a un fiscal para que se ocupe exclusivamente del proceso.

Los letrados agradecieron el apoyo recibido por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que ha conseguido fijar una reunión con representates del Ministerio de Justicia para tratar este tema, encuentro que tendrá lugar el 20 de junio.