Aseguran que se trata de perfiles que no están en riesgo de exclusión y que, a pesar de contar con ingresos y empleo estables, no quieren aceptar el fin de sus contratos de arrendamiento o asumir las nuevas condiciones ajustadas a derecho de los propietarios.

Así lo considera la abogada experta en casos de ocupación de vivienda María José Tarancón, quien asegura que la única finalidad de estas ocupaciones en alza es beneficiarse “de alquileres por debajo del mercado cuando no son para nada vulnerables”.

En este sentido, indica que estos perfiles “se aprovechan de la sensibilidad social que han logrado generar quienes sí son vulnerables, y además cuentan con el apoyo de los sindicatos de inquilinos, que no distinguen entre vulnerables o no”.

La letrada cree, además, que “las políticas nefastas del Ayuntamiento de Barcelona también influyen, ya que pudiendo adquirir los inmuebles en tanteo, a veces el consistorio no ejerce dicho derecho, pero luego no protege a los compradores de buena fe, que dentro de la legislación vigente quieren gestionar sus viviendas en arrendamiento”.

Dice que se trata de un nuevo tipo de ocupación que, afirma, crece bajo el consentimiento del Ayuntamiento de Barcelona, “una de las capitales españolas donde existe un mayor número de ocupaciones ilegales, respaldadas por las mafias, la venta de llaves o la venta de contratos de arrendamiento falsos. Al final, los que realmente resultan más perjudicados son los más vulnerables”, advierte Tarancón.

La experta insiste en que esta nueva tendencia de “ocupas acomodados” que se ve en la ciudad es preocupante “porque puede llegar a generar un efecto llamada”. Sobre el papel que juega la corporación, la abogada se muestra tajante: “Por supuesto que es consentidor de lo que está pasando, bien por omisión o bien por unas políticas nefastas de vivienda que han potenciado la ocupación”.

“OCUPAS ACOMODADOS”

Uno de los casos que respondería a este nuevo modelo de ocupación, según Tarancón, es el de algunos de los inquilinos de Casa Orsola, en el Eixample de Barcelona. En concreto, la abogada apunta que “los inquilinos demandados por la propiedad por permanecer en la vivienda pese a haber concluido su contrato de arrendamiento no son vulnerables”.

En este sentido, critica que la alcaldesa Ada Colau haya pedido por carta a la propiedad que les renueve los contratos y afirma que “la ley ampara a la propiedad porque no hay vulnerabilidad; de hecho, la justicia ya ha dictaminado el desalojo de uno de los inquilinos”.

“Estamos viendo que el Ayuntamiento interfiere públicamente en este tipo de situaciones en las que la propiedad cumple con la normativa vigente y la legalidad, y presiona a los privados junto con los sindicatos de vivienda”, aseguró Tarancón.

A su juicio, el Ayuntamiento no debería interferir en cuestiones privadas entre propietarios e inquilinos, “máxime cuando está informado de que no ha habido acreditación de casos de vulnerabilidad”. En esta línea, defiende que “lo único que siempre hemos solicitado los profesionales que nos dedicamos a los procedimientos de precarios es que el Ayuntamiento respete las sentencias judiciales y no interfiera en dichas decisiones”.

Según explica, el aumento de este tipo de casos de ocupación puede conllevar una falta de inversión por la percepción de inseguridad jurídica, provocando que “los propietarios decidan no sacar al mercado de alquiler sus viviendas, por lo que la oferta se reduce en un contexto de alta demanda, y esto deriva en un encarecimiento de los precios de alquileres”.

Añade que otra de las consecuencias “de la falta de inversión” en Barcelona es un envejecimiento de los inmuebles, que no son renovados y rehabilitados. Así mismo, “ya está observando en Barcelona que parte de las inversiones inmobiliarias se desvían hacia ciudades como Málaga, Sevilla o Madrid”.