El recurso se presentó en representación de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y de su 'número dos', Camilo Villarino. La Abogacía del Estado asegura que en ese momento “se trataba de atender lo antes posible a un paciente en situación de extrema gravedad, con una enfermedad contagiosa, atendiendo a una petición de ayuda humanitaria realizada de Estado a Estado, y tratando de proteger con la reserva y sigilo, no sólo la intimidad del propio paciente sino también el interés de España en el ámbito de la política exterior”.

Esgrime que el hecho de no haber realizado el control de pasaporte al líder del Polisario cuando llegó a España “nada hubiera cambiado” salvo “añadir un considerable retraso en el traslado al hospital, y quizás, un acceso aún más rápido de terceros países a la información de la presencia de Brahim Gali en España”.

Según el recurso, Gali no estaba en condiciones de pasar por sí mismo un control, puesto que sufría covid y se encontraba en estado grave, por lo que no era “aconsejable entrar en contacto con él ni retrasar su traslado e ingreso en una UCI”. Por tanto, se adoptaron decisiones para proteger los intereses del país ante terceros y evitar “problemas” en la política exterior de España. Y concluye que ni Laya ni Villarino incurrieron en delito y que sólo defendieron los intereses del país.