"Reconocemos que existen dos flagelos en nuestra sociedad, como son el terrorismo y el narcotráfico", dijo Pedrol, "y que la lucha contra éstos debe vigorizarse, pero siempre dentro de la legalidad", matizando que la Constitución ampara a todos los ciudadanos, "y las mismas garantías se deben aplicar a un terrorista que a mí".

Con respecto a la obligación de los ciudadanos a portar consigo el DNI bajo la amenaza de ser "retenidos", el Consejo considera que no pueden reconoerse situaciones intermedias entre la libertad y la detención, "tesis que fue recogida y apoyada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1986", apuntó Pedrol Ríus.

Asimismo, hizo hincapié en el apartado referente a la entrada en los domicilios de los funcionarios policiales, asegurando que la Constitución sólo establece el supuesto del delito flagrante (el que se está cometiendo o se acaba de cometer) para que puedan acceder al mismo sin autorización del dueño o sin la correspondiente ordenjudicial.

"Pensamos", comentó Pedrol, "que los modernos medios de comunicación, como por ejemplo el telefax, permitirían que el juez fuera informado de forma inmediata y pudiera autorizar la entrada al domicilio si lo estimara oportuno".

Consideró que de esta forma se evitaría el traspaso de unos derechos amparados por los tribunales al arbitrio de unos funcionarios "sin la experiencia de un juez en estas materias".

"Evitaríamos así dos posibles víctimas: el propietario que ve a un policía arir su puerta a patadas y el funcionario, cuya información puede ser incierta y entonces se le exigirán responsabilidades", indicó.

El presidente del Consejo informó que ponían estos casos como ejemplos "porque son los que más nos afectan como abogados", pero que consideran el proyecto "de dudosa constitucionalidad" en su globalidad.

Añadió que utilizarán todos los mecanismos institucionales precisos para hacer valer su criterio ante los poderes del estado, "ya que nuestro deber es defender el Esado de Derecho".