Después de 10 años de instrucción del caso por un presunto delito de estafa, el juez Maderuelo, que asumió las diligencias de su antecesor en el puesto, Francisco Salinero, decidió decretar la apertura de juicio oral, desestimando así la petición del Ministerio Fiscal de archivar el caso por no encontrar indicis de delito.

En el banquillo de los acusados se tendrán que sentar antiguos responsables de la organización agraria AEPA, ya desaparecida, algunos de ellos conocidos por haber ocupado alcaldías del PP, como José Antonio Centeno o Pedro Zan; el secretario de la Consejería de Agricultura cuando gobernaba Aznar en esa región, José Gabriel Astruga, o Adolfo Sánchez, entonces presidente de la organización agraria.

Los abogados de la acusación particular valoraron muy positivamente la decisión de abrirjuicio oral. "Más vale tarde que nunca", dijo el abogado José María de la Red, representante de dos de los 170 agricultores embargados.

El Ministerio Fiscal, por su parte, no acusará a ninguna de las 6 personas presuntamente implicadas en el 'caso AEPA', por considerar que no hay indicios de delito, mientras que los abogados de los agricultores solicitan penas de entre 8 y 12 años de prisión para los acusados.

Ahora la Audiencia Provincial de Valladolid se enfrentará al problema de la constitució del tribunal, ya que la mayoría de los magistrados que componen la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia participaron en su día en los embargos realizados por Caja España contra los 170 agricultores afectados por la presunta estafa de la organización agraria, por lo que estos jueces conocen los hechos y no pueden formar parte del tribunal que juzgue el caso.