Estas organizaciones expresaron esta posición en un manifiesto dado a conocer en una rueda de prensa en la sede de UGT, en Madrid, donde recibieron el apoyo de los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.

Carlos Ruiz, vicepresidente de la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac España), denunció que el "ajuste estructural" emprendido por el Gobierno para combatir la crisis económica supone "un ataque brutal contra los ciudadanos y los trabajadores". "Se está intentando 'latinoamericanizar' la UE con fórmulas que no conducen a nada más que a un mayor deterioro del bienestar social", añadió.

Por su parte, Amaya Camacho, de la Plataforma 2015 y más, señaló que el recorte de 800 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo aprobado por el Gobierno supone "incumplir" el Pacto de Estado contra la Pobreza.

Además, tildó de "injusta" la reforma laboral porque, a su modo de ver, "van a pagar la crisis los que no la han provocado, es decir, trabajadores, pensionistas y sociedad civil, y los que la han provocado van a salir reforzados y seguir campando a sus anchas".

"Se están tomando medidas para dar vía libre al capitalismo más salvaje, intentando desactivar a la sociedad civil organizada. Mientras se estaba asistiendo a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Nueva York, se están tomando medidas que afectan tanmbién a los trabajadores del sur", apostilló.

Por otro lado, Alfredo García, de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (Congde), afirmó que este sector está "profundamente preocupado por el giro copernicano del Gobierno, que afecta tanto a los trabajadores de las ONG para el desarrollo como a las personas para las que trabajamos".

"En el contexto de esta crisis se están cobrando vidas, que tienen nombre y apellidos. Más de 1.020 millones de personas viven con menos de un dólar al día y también a ellos les afecta la crisis. Para nosotros es inadmisible que las medidas para luchar contra la crisis vayan en contra de esas personas", apuntó.

En este sentido, recalcó que "la ayuda oficial al desarrollo no es un lujo en tiempos de bonanza, es una necesidad para millones de personas, un imperativo ético y moral, un compromiso firmado y, por lo tanto, una obligación para los poderes públicos".

En el manifiesto consensuado por las ONG para el desarrollo, hay medidas propias del ámbito sindical, como la retirada de la reforma laboral, la defensa de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, la defensa del sistema público de pensiones y una política fiscal que refuerce la estructura de ingresos del Estado.

Además de estas medidas, incluye reivindicaciones propias de las ONG para el desarrollo, como el mantenimiento de los compromisos internacionales del Gobierno en materia de AOD, la promoción de una tasa a las transacciones financieras y una "posición más contundente" para prohibir los paraísos fiscales.