Así lo afirmó este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Un consejero de la CNE, Luis Albentosa, consideró (en un voto particular a un informe del regulador) que el Ejecutivo no debe aprobar la retribución de estas fuentes energéticas hasta que no se resuelva "la supuesta existencia de una repotenciación fraudulenta y costosa" en la energía fotovoltaica". Un fraude que, según este consejero, se eleva a 1.700 millones de euros.

"Siempre estamos tomando decisiones" relativas a las renovables, dijo De la Vega, porque la apuesta por estas energías es "una de las líneas estatégicas fundamentales" del Gobierno.