El importe del crédito extraordinario tiene carácter ampliable, con el fin de poder atender el pago de intereses que se produzcan como consecuencia del momento en que se efectúa el pago y, en su caso, futuras indemnizaciones que se deriven de la sentencia judical de 15 de abril de 1997.

Dicha sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró la responsabilidad de la Administración del Estado e impuso la obligación del pago de las indemnizaciones de los daños producidos.