Sestayo denunció la "falta de transparencia" y las "mentiras constatables" del Ejecutivo autonómico. La parlamentaria socialista advirtió de que la Xunta no está resolviendo ningún expediente de la Ley de Dependencia, lo que provoca su archivo a los tres meses, mientras personas con los derechos ya reconocidos tienen que esperar seis meses para percibir las ayudas.

Criticó que la Xunta elude comparecer en la Cámara autonómica para dar cuenta de esta situación, lo que supone una "burla al Parlamento", y hace recabar los datos "ayuntamiento por ayuntamiento".

Sestayo dijo que esta actuación evidencia el "abandono y desprecio" de las políticas sociales por parte de la Xunta, que integra, junto con Madrid y Valencia, "el triángulo del boicot" a estas ayudas.

Asimismo, señaló que la única prestación concedida es la ayuda a domicilio, precisamente la que corre la cuenta de los ayuntamientos, sin que tengan apoyo del Ejecutivo autonómico, con lo que "Feijóo asfixia a los ayuntamientos, provocando un caos importantísimo".

PRIVATIZACIÓN

La responsable socialista considera "intolerable" la privatización de la gestión de los expedientes de la dependencia, por cuanto "la Xunta pone en manos privadas datos confidenciales de los usuarios".

Criticó que Feijóo "se refugia en las empresas privadas, que hacen del negocio su razón de ser", y anunció una "investigación a fondo", por cuanto en este caso "pueden estar vulnerando la Ley de Administración Pública y la Ley de Protección de Datos".

Precisamente, la Confederación Intersindical Galega (CIG) presentó hoy una denuncia contra la Consejería de Trabajo de la Xunta ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por la cesión a Indra Sistemas de expedientes de la Ley de Dependencia y la cesión de datos sensibles sin el consentimiento de los interesados, según informó la organización sindical en una nota.