La CIG asegura que solicitó el 9 de agosto una entrevista con la secretaria general de la Consejería de Trabajo y reclamó la paralización del proceso de envío de expedientes relativos a la Ley de Dependencia a empresas privadas.

Por respuesta, afirma, "recibimos un escrito bochornoso donde se nos dice que la privatización es una propuesta de los trabajadores y se critica la gestión del bipartito".

Según la organización sindical, los expedientes sobre dependencia "son cedidos a Indra Sistemas sin el consentimiento de los interesados y sin que en las solicitudes conste de ninguna forma que van a ser cedidos".

Entre los datos sensibles que va a poseer esa empresa, continúa la nota, "están informes de condiciones de salud, informes sociales de valoración de la dependencia y de los responsables patrimoniales".

"La política sucesiva de este gobierno en el relativo a la gestión de los expedientes derivados de la Ley de Dependencia fue la de asfixiar la tramitación común, impidiendo que se hagan contrataciones de personal interino", concluye el sindicato.