Así lo denunciaron a Servimedia sus respectivos portavoces, Emilio Silva y José María Pedreño, a pesar de que esta semana el Gobierno ha aprobado destinar 5,7 millones a las asociaciones dedicadas a la memoria histórica, la mitad de cuya cantidad se destinará a labores de exhumación de fosas.

En esta línea, Silva reclamó al Gobierno "menos subvenciones y más responsabilidad" y comparó la política de conceder subvenciones a la de un Estado que, en lugar de administrar justicia, diera dinero a las víctimas para que lo hicieran ellas mismas. Explicó que la ARMH acepta estas ayudas para "agilizar el proceso", pero precisó que el coste de los trabajos suele ser mayor y requiere un ingente esfuerzo en la búsqueda de documentación y todo tipo de tareas preliminares para acometer las excavaciones.

Sobre todo, el portavoz de esta asociación puso de relieve el decisivo "valor simbólico" que supondría que un Estado se encargara de todo el proceso de búsqueda y exhumación de las víctimas del franquismo, ya que cree que debería plantearse como un "acto cívico" y "público" de reparación colectiva y oficial de personas a quienes el asesinato de un padre les "destrozó la vida".

Por su parte, Pedreño atribuyó a unos presuntos complejos del PSOE para no "molestar a los herederos de la dictadura", dentro de los cuales incluyó al PP, su abdicación de la tarea de "hacer justicia como ha pasado en cualquier otro país". En su opinión, esta dejación de funciones le impide incluso recuperar su propia memoria, dado que muchos fusilados del franquismo eran militantes socialistas o del sindicato UGT.

Para el presidente del Foro por la Memoria, la responsabilidad de buscar y excavar fosas "debe asumirla el Estado a través de la administración de Justicia", y no unas asociaciones de ciudadanos. Especialmente, subrayó, cuando muchos de los muertos de las fosas no tienen familiares reclamándoles, pero defendieron la democracia y por tanto debería reivindicarlos el Estado democrático de derecho.