En declaraciones a Servimedia, Silva se refirió así a la aprobación por parte del Gobierno de otros 5,7 millones para la búsqueda de fosas de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo. Explicó que la ARMH acepta estas ayudas para "agilizar el proceso", pero precisó que el coste de los trabajos suele ser mayor, y requiere un ingente esfuerzo en la búsqueda de documentación y todo tipo de tareas preliminares para acometer las excavaciones.

Sobre todo, el portavoz de esta asociación puso de relieve el decisivo "valor simbólico" que supondría que un Estado se encargara de todo el proceso de búsqueda y exhumación de las víctimas del franquismo, que cree que debería plantearse como un "acto cívico" y público de reparación colectiva y oficial de personas a quienes el asesinato de un padre les "destrozó la vida".

Exactamente igual ocurre, indicó, con la retirada de estatuas del general Franco, de las cuales se acaba de desmontar la penúltima en Melilla. En opinión de Silva, en lugar de hacerse con "nocturnidad" debería acudir la ministra de Defensa, con la misma solemnidad con la que pone la primera piedra de un cuartel.

Según el portavoz de la ARMH, la "falta de transparencia" con la que el Gobierno acomete la eliminación de los símbolos franquistas está "muy por debajo de los estándares" de otros países y de las normas del Derecho Internacional.

Esa misma "transparencia" le reclamó Silva al Ejecutivo en el hecho concreto de que haya denegado la subvención al proyecto de excavación del Valle de los Caídos. Dicho proyecto se proponía identificar a los cadáveres que se hallan allí enterrados, pues se sospecha que en una gran mayoría podría tratarse de republicanos, pero el Gobierno ha alegado que el mal estado del lugar impide emprender las obras.

A este respecto, el portavoz de la ARMH dice no haber visto ningún informe pericial que constate dicha imposibilidad, y aunque aclaró que ni se fía ni se deja de fiar de la palabra del Ejecutivo, reclamó que al menos les haga llegar el citado documento. Además, recordó el derecho que tienen los familiares de esos hipotéticos represaliados de visitar las tumbas.