En una rueda de prensa conjunta, estas patronales advirtieron de que el recorte de la inversión en infraestructuras "es una acción gravemente perturbadora para la economía española" y alertaron que por cada millón recortado en infraestructuras se destruyen 18 puestos de trabajo, lo que llevaría a la eliminación de 115.000 empleos.

Defendieron también que por cada millón de euros invertido en obra pública se genera un retorno fiscal de 570.000 euros y que la implantación del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de 17.000 millones de euros debería ser una prioridad.

Además, denunciaron que el recorte del plan de inversiones llevará a la quiebra a muchas empresas por lo que piden al Gobierno que instrumente un plan de reestructuración del sector con ayudas fiscales y crediticias vía ICO, tal y como se ha hecho con la banca o el automóvil.

Entre sus sugerencias para incrementar los ingresos del Estado, se encuentra también la implantación del copago sanitario o que se programen y ejecuten privatizaciones que prestan servicios públicos como Aena u otros organismos autonómicos.