Así se recoge en el proyecto de ley de responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos aprobado hoy por el Consejo de Ministros y que pasa ahora a las Cortes Generales.

La norma adecua la legislación española a las modificaciones de los Convenios de París y de Bruselas sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear suscritos por España e incluye también un régimen específico de responsabilidad civil por daños que puedan causar accidentes en los que se vean involucrados materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.

Los Convenios de París y Bruselas estipulan una responsabilidad mínima de 700 millones y permiten a los Estados ampliarla hasta 1.200 millones, opción elegida por España al considerar que deben ser los titulares de las instalaciones quienes asuman la responsabilidad ante eventuales daños.

Para las instalaciones con riesgo reducido y de transporte, esta cantidad puede ser rebajada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hasta 70 y 80 millones de euros, respectivamente.

Dentro del concepto de "daño nuclear" que debe ser cubierto, se incluyen también los daños medioambientales y las medidas reparadoras necesarias.

Se incluyen dentro de las eventuales compensaciones los daños producidos en el país donde esté ubicada la instalación y también los producidos en terceros países firmantes del Protocolo Común de los Convenios de responsabilidad civil nuclear de París y Viena, así como en terceros países que no tengan instalaciones nucleares o en aquellos cuya legislación conceda beneficios recíprocos equivalentes.

El período de reclamación será de treinta años para los daños a personas y de diez años para el resto (el período actual es de diez años de manera general).