La Secretaría de Estado de Turismo fue creada por el Gobierno tras la victoria en las elecciones de 2008. Hasta ahora ha sido ocupada por Joan Mesquida.

Las previsiones para el verano y la supresión de la Secretaría, coinciden con la presentación un informe sobre el grado de ejecución de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros monográfico de turismo celebrado el 24 de julio de 2009 en Palma de Mallorca.

En ese consejo se comprometieron inversiones por importe de más de 1.000 millones de euros a través de 38 actuaciones, implicando a un total de 12 ministerios.

Según el Ejecutivo, durante estos 12 meses, la totalidad de los acuerdos alcanzados se han cumplido o están en fase de ejecución.

Se puso en marcha, por ejemplo, el Plan FuturE de renovación de infraestructuras turísticas sostenibles dotado con 500 millones de euros, de los que se adjudicaron 393 millones, en más de 1.400 operaciones, lo que se tradujo en una inversión inducida de 726 millones.

Durante el presente ejercicio, se ha lanzado una nueva edición con 400 millones de euros, de los que, hasta la fecha, se han consumido más de 315 millones, que han generado una inversión cercana a los 630 millones de euros.

Por otro lado, en marzo de este año se lanzó la nueva campaña de publicidad internacional bajo el eslogan “I need Spain”, destinada a 40 países, con un público objetivo de 400 millones de ciudadanos. Una campaña con líneas específicas sobre turismo de sol y playa, pero también sobre turismo cultural, de naturaleza, gastronómico, de ciudad, deportivo, entre otros aspectos y que, por primera vez, ha incluido ciudadanos asiáticos.

El Consejo de Ministros también acordó la apertura de la Oficina Exterior de Turismo en Cantón, que fue inaugurada en el mes de diciembre, manteniendo la apuesta por el mercado asiático. No en vano, las últimas cuatro oficinas se han abierto en la región: Singapur, Pekín, Bombay y Cantón.

Además, el Ejecutivo rebajó algunas tasas de navegación y tomó la decisión de congelar todas las tarifas aeroportuarias durante 2010, una medida pionera que nunca antes se había tomado por ningún Gobierno. Una decisión que ha afectado a más de cuatro millones de pasajes y cuyo coste para Aena ha sido de 58 millones de euros.

Por último, se acordó el uso flexible del espacio aéreo, abriendo nueve rutas a la navegación comercial que llevarán a las aerolíneas a ahorrar anualmente 11,5 millones euros en combustible, a reducir las emisiones de CO2 en 27,5 millones de kilos y a reducir la distancia de vuelo en 1,17 millones de millas.