Ya en febrero pasado, el juzgado decidió archivar la denuncia presentada por cinco trabajadores contra el Ayuntamiento al que acusaban de vulnerar su intimidad, denuncia a la que se sumó el PP.

Tanto el PP como los trabajadores recurrieron entonces la decisión del juzgado, presentando un recurso que ha sido ahora rechazado, según informa el consistorio.

El auto entiende que no hay motivos para pensar que se les estaba “espiando” -a los cinco trabajadores- y que su instalación bien podía tener como objetivo proteger ciertos documentos que podrían haber sido sustraídos.

Asegura que los funcionarios, cuyas imágenes quedaron registradas en la cámara, no estaban desarrollando funciones privadas “sino que estaban trabajando en un edificio público y en un despacho compartido por otros trabajadores públicos”.

Además precisa que “las imágenes en cuestión -dada la lejanía y orientación- no permitían observar al detalle lo que el funcionario hacía exactamente en su ordenador, lo que guardaba en éste o en los cajones de la mesa”.

El texto dice que lo único que queda probado es que la cámara captaba y grababa imágenes en las que se observaba a cierta distancia la mesa de dos funcionarios del Ayuntamiento así como los archivadores situados detrás de estas dos mesas, recalcando una vez más -como ya lo hiciera en el sobreseimiento del caso- que las mesas de los funcionarios públicos están excluidas expresamente del ámbito privado.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ante la desaparición de ciertos documentos del departamento de Recursos Humanos, decidió instalar una cámara de vigilancia orientada hacia los archivadores que guardaban los documentos oficiales, con el fin de protegerlos y descubrir al autor de la sustracción.

Las cintas nunca fueron visionadas ya que no desapareció ningún papel desde su colocación. Un grupo de trabajadores, el sindicato CPPM, así como el grupo municipal del PP, interpusieron denuncia por considerar vulnerada su intimidad y por malversación de caudales públicos.

Denuncia, que como se ha demostrado por dos veces, carecía de fundamento, dado que el juzgado ha desestimado el recurso presentado, volviendo a reconocer la legitimidad de la actuación del ayuntamiento.