El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, asegura que tanto Askatasuna como D3M, cuyas listas a las elecciones del País Vasco del 1 de marzo de 2009 fueron anuladas por el Tribunal Supremo y el Constitucional, fueron creadas para dar continuidad a “la actividad del entramado institucional de ETA” y actuaban bajo “la estrategia impuesta por la organización terrorista”.

Su “exclusiva finalidad” era, por lo tanto, la de eludir “con fraude de ley” la ilegalización de Batasuna y “desarrollar el proyecto terrorista”, según consta en el escrito de acusación hecho público hoy, un documento de 167 folios y dirigido a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

González Mota solicita nueve años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista para la portavoz de D3M, Amparo Lasheras, así como a los miembros de esta formación Arantza Urkaregui, Elisabet Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua.

El escrito de calificación del fiscal asegura que estas nueve personas son militantes de ETA y tienen “responsabilidad” dentro de la banda terrorista.

Por su parte, González Mota pide siete años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista al presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate; a su secretario general, Xabier Isasa; al representante de D3M ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antía así como al miembro de esta formación Aitor Liguerzana.

Sobre los máximos responsables de Askatasuna, Munduate e Isasa, el escrito señala que prestaron su consentimiento a que el partido político que dirigían asumiera las decisiones de ETA. Aún así, no se les acusa de integración en ETA porque no ha quedado acreditado que participaran activamente en los planes de la banda terrorista.

INDÉNTICOS A BATASUNA

El escrito de González Mota reproduce íntegramente los estatutos de Askatasuna y los compara con los de Batasuna para concluir que ambos son prácticamente idénticos. Además, subraya que la mayoría de los acusados ya habían formado parte de las listas electorales de otras formaciones al servicio de ETA como Batasuna, Herri Batasuna o Euskal Herritarrok.

El escrito incide en la teoría de que, tras la ilegalización de Batasuna y sus demás marcas electorales, ETA decidió crear otras “marcas políticas” para poder seguir presente en las instituciones. Dentro de esta estrategia, la banda terrorista creó D3M, constituida como grupo de electores, y utilizó Askatasuna, una formación que estaba “en hibernación”.

Los 13 acusados fueron procesados en septiembre de 2009 por el juez Baltasar Garzón, quien se encuentra suspendido cautelarmente desde el pasado mes de mayo y de cuyo juzgado se encarga temporalmente el magistrado Pablo Ruz.

A la hora de cerrar la investigación, Garzón decidió dejar fuera de la causa a otros 12 miembros de estas dos formaciones a los que había imputado en un principio. Contra diez de ellos no se encontraron pruebas suficientes, mientras que los otros dos se encontraban ya encausados en otros sumarios por delitos similares.

Las acusaciones del fiscal González Mota se producen en base a los seguimientos y vigilancias efectuadas sobre los procesados, a las intervenciones de sus conversaciones telefónicas, los informes de inteligencia y los documentos incautados a miembros de ETA