Se trata de una propuesta del PP que reclama al Gobierno acometer las modificaciones legales oportunas para restablecer en la cuantía de 500 euros al año la prestación por hijo a cargo para menores de tres años que fue recortada en el plan de aceleración de reducción del déficit, tal y como se establecía en la redacción anterior de la Ley General de Seguridad Social.

El PSOE se quedó también en solitario al votar en contra de varias propuestas de resolución en las que se reclama la anulación de la congelación de las pensiones para 2011, prevista en ese mismo plan de reducción del déficit.

El PP sacó adelante también con el voto en contra del PSOE una propuesta que reclama al Gobierno remitir al Congreso antes de final de año el proyecto de nueva Ley de Financiación Local, conjuntamente con el nuevo proyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local, con la correspondiente memoria económica.

Ese mismo texto reclama al Gobierno que en el plazo de 30 días ponga en marcha la línea de crédito del ICO en condiciones preferentes dirigida a entidades locales para facilitar el pago de las deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010, tal y como consta en la Ley de Morosidad.

En total el PP logró aprobar seis de sus quince propuestas, algunas de ellas con el respaldo del PSOE y otras con el de otros grupos, y los socialistas perdieron una de las suyas y quizá la más emblemática, sobre el Estatuto de Cataluña.

Entre las resoluciones aprobadas con el oto en contra del PSOE está una del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que reclama apostar por una salida social a la crisis, que favorezca la recuperación económica sin comprometer la cohesión y las políticas sociales.

Entre los ejes de esa estrategia, el BNG sugiere una reforma fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad del sistema tributario, y asegurar la cobertura con cargo a la financiación pública de las actuales prestaciones de los servicios públicos sin introducir fórmulas adicionales de copago.

Esa resolución salió adelante con el respaldo del PP, que introdujo una enmienda en la que reclama reforzar el sistema público de Seguridad Social como pilar básico del estado del bienestar “sin introducir modificaciones que recorten las prestaciones existentes en la actualidad ni que conlleven elevar obligatoriamente la edad legal de jubilación”.

Otra enmienda también del PP propone que en el marco del Pacto de Toledo se valoren las “fórmulas de ampliación voluntaria de la edad real de jubilación a través de los correspondientes incentivos”.