El magistrado procesa a través de un auto hecho público hoy a los presuntos etarras Manex Castro, Beinat Aguinagalde, Iurgi Garitagoitia, Joanes Larretxea y Ugaitz Errazkin, a los que acusa de asesinato terrorista, entre otros delitos, así como a Iraitz Santa Cruz, a quien atribuye un delito de colaboración con banda terrorista.

El escrito señala que a finales de 2008 Aguinagalde, Errazkin y Castro formaban parte del “comando Asti” de ETA como miembros “legales”, es decir, no fichados por la policía, mientras que Larretxea y Garitagoitia eran miembros “liberados” –a sueldo de la banda- del “comando Ezuste”.

En la mañana del 3 de diciembre, Larretxea y Garitagoitia se aproximaron al dueño de un vehículo que acababa de aparcar en una zona rural del término municipal de Deba (Guipúzcoa) y que se disponía a hacer senderismo por el monte.

Los dos etarras le encañonaron con una pistola y le hicieron salir del vehículo. Tras vendarle los ojos, atarles las manos con bridas y colocarle unos auriculares para que no pudiera oír, le introdujeron en la parte trasera de su coche y le trasladaron hasta un paraje del barrio de Itziar de Deba donde esperaban Aguinagalde, Castro y Errazkin.

Los procesados introdujeron al conductor secuestrado en el vehículo que Santa Cruz había prestado a Aguinagalde, con quien mantenía una amistad desde la infancia. Velasco sostiene en su auto que Santa Cruz prestó su coche conociendo que iba a ser utilizado en una acción terrorista.

Castro y Garitagoitia se encargaron de la custodia del conductor, obligándole a punta de pistola a permanecer en el interior del vehículo.

Tras cuatro horas, estos dos etarras llevaron al conductor hasta una cabaña que se encontraba a unos 600 metros de la carretera, donde le ataron los pies y le abandonaron, no sin antes informarle de que iban a quemar su coche. El secuestrado pudo finalmente soltarse de las cuerdas y huir, llegando sobre las 14.00 horas hasta un polígono industrial de Deba desde donde alertó a la Ertzaintza.

ASESINATO EN PLENA CALLE

Mientras tanto, Aguinagalde, Larretxea y Errazkin se desplazaron hasta Azpeitia y, sobre las 13.00 horas, aparcaron el vehículo del secuestrado en la avenida Loiolako Inazio de la localidad, entre el restaurante “Kiruri” y las oficinas de la empresa Altuna y Uría, propiedad de Inaxio Uría.

Los etarras avistaron al empresario. Uno de ellos –el auto de Velasco no determina cual de los tres- se apeó del coche portando una barba postiza y se acercó a Uría, quien estaba en ese momento introduciéndose en su vehículo.

El terrorista efectuó tres disparos a bocajarro que provocaron la muerte casi inmediata del empresario. Los etarras huyeron de vuelta a Deba, donde recogieron a los otros dos terroristas y prendieron fuego al coche.

ETA reivindicó el asesinato en un comunicado publicado en el diario “Gara” el 21 de enero de 2009. El escrito indicaba que Uría había sido asesinado por la participación de su empresa en las obras del tren de Alta Velocidad en el País Vasco.

Velasco atribuye además a los procesados varios atentados, como el cometido contra los juzgados de Tolosa (Guipúzcoa) en abril de 2008 o el perpetrado en la Universidad de Navarra en Pamplona en octubre de ese año.

RESTOS DE ADN

El juez de la Audiencia Nacional hace todas estas afirmaciones en base a una serie de pruebas, entre ellas las imágenes captadas por varias cámaras de seguridad, la declaración del conductor secuestrado, los registros de los teléfonos de los acusados y los restos de ADN encontrados en el coche de Santa Cruz.

También ha tenido en cuenta los informes de inteligencia así como las declaraciones de Santa Cruz y las de José Agustín Camacho y Miren Josune Balda, quienes refugiaron en sus domicilios a Garitagoitia y Larretxea.

Velasco acusa a Castro, Aguinagalde, Garitagoitia, Larretxea y Errazkin de pertenencia a organización terrorista, asesinato, detención ilegal, daños y robo de vehículo a motor, todos ellos de carácter terroristas, unos delitos por los que podrían ser condenados a más de 50 años de cárcel. El magistrado atribuye a Santa Cruz un delito de colaboración con organización terrorista.

De los seis acusados, dos -Manex Castro y Santa Cruz-, se encuentran encarcelados en España, tres -Aguinagalde, Garitagoitia y Larretxea- lo están en Francia, mientras que el último, Ugaitz Errazkin, permanece huido.

Además del procesamiento, el magistrado ordena que los procesados abonen una fianza pecuniaria de 30.000 euros, una cantidad con la que deberán hacer frente a las responsabilidades civiles si son condenados.

Velasco también emite en el auto una orden de busca y captura internacional contra Errazkin así como reitera a Francia la petición de entrega de Aguinagalde, Garitagoitia y Larretxea.