Ruz ha reactivado una comisión rogatoria cursada por Garzón a Francia el pasado 17 de febrero y que por el momento no ha obtenido respuesta. En concreto, el juez, al igual que hizo Garzón en su día, solicita al Tribunal de Gran Instancia de París los datos del seguimiento telefónico realizado sobre el etarra José Antonio Cau Aldanur, presunto enlace del aparato de extorsión, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

Con esta solicitud, que supone la primera diligencia que realiza Ruz en este caso, el magistrado quiere conocer si hubo algún cruce de llamadas entre el etarra Cau Aldanur y al dueño del bar "Faisán", Joseba Elosua, supuesto cabecilla de la red de extorsión y que fue alertado de la operación antiterrorista.

La asociación Dignidad y Justicia, autora de la solicitud para que se reactivase la comisión rogatoria, subrayó en el escrito que presentó el pasado mes de junio que “habiendo transcurrido cuatro meses de dicha petición a las autoridades judiciales francesas, no se ha obtenido ni respuesta ni remisión alguna de la documentación solicitada”.

A través de la citada comisión rogatoria, Garzón también preguntó a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA en territorio galo.

PUNTO MUERTO

La reactivación de la comisión rogatoria a Francia se produce después de que el pasado mes de febrero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenase al juez Garzón que siguiese investigando hasta el final el supuesto chivatazo del bar "Faisán” y que practicase varias de las diligencias solicitadas por las partes.

Entre otras diligencias, la Sala de lo Penal ordenó a Garzón que tomase declaración a Carlos G., el mando de la Policía Nacional que fue el máximo responsable del operativo contra el bar "Faisán" y que también fue el autor del informe policial sobre el chivatazo. La Sala también ordenó a Garzón que interrogase a dos funcionarios policiales, de nombres Unai y Sugoi, que formaban parte del equipo de Carlos G.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado en octubre de 2009 al juez Garzón el archivo de la investigación al entender que en tres años de instrucción no se ha podido demostrar quiénes fueron los autores del presunto chivatazo.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza sostenía que tampoco se había podido demostrar la tesis que asegura que fue un inspector de la Brigada de Información la persona que entregó un teléfono móvil al dueño del bar "Faisán".

Esta hipótesis afirma que a través de este teléfono móvil, el propio jefe superior de Policía del País Vasco, actuando por orden del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, alertó a Elosua de la operación policial contra la red de extorsión de ETA.