Según José Jara, presidente de la citada asociación, "existe un malestar absoluto por parte de los profesionales" implicados en la práctica de abortos, ya que lo que la ley plantea es que la objeción debe hacerse por escrito "y esto no parece que tenga ningún sentido".

A su entender, que la objeción sea por escrito "parece que va destinado a crear unas listas de objetores de conciencia".

Sin embargo, prosiguió, "las listas se hacen cuando quieres tener a la gente, de algún modo, circunscrita por sus creencias o forma de pensar lo que es contrario a la Constitución", que en su artículo 16 dice que nadie será obligado a declarar sobre sus convicciones, religión o creencias.

Para este colectivo, lo lógico sería hacer listas de los profesionales que quieren hacer abortos y no de los que no, "sobre todo ante la postura negativa que esta práctica suscita en la profesión".

Por último, la Asociación de Bioética de Madrid señaló que las listas que estén disponibles a nivel de los políticos no les merecen "ninguna confianza", ya que "suponen posibles represalias a la hora de hacer contrato o adjudicar puestos de trabajo".