IU se hace eco en su enmienda de las principales peticiones de los sindicatos y establece, por ejemplo, que los servicios públicos de empleo tengan la exclusividad en la intermediación laboral, de manera que ésta se preste de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de oportunidades y no discriminación.

En consecuencia, quedarían suprimidas las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y las empresas de trabajo temporal, a las que los sindicatos se oponen desde su creación.

Establece, además, que los contratos temporales estén sujetos al principio de causalidad, estableciendo mayores garantías sociales y laborales y plantea la supresión del contrato de fomento del empleo de 33 días de indemnización por despido, y la generalización de la jornada en 35 horas semanales.

Los contratos temporales sólo se podrían hacer cuando existan causas justificadas, y estarían penalizados con un recargo del 25% de las cuotas a la Seguridad Social por desempleo. Por contra, los indefinidos tendrán un descuento del 25% durante un año. La indemnización por despido de un contrato temporal será de 20 días.

IU-ICV carga también contra los "despidos exprés" y plantea que cuando un despido sea declarado improcedente por un juez, el trabajador pueda elegir entre la indemnización de 45 días por año trabajado o la readmisión.

También propone medidas de reparto del trabajo fijando la jornada máxima en 35 horas, limitando las horas extraordinarias, y estableciendo una reducción de la edad de jubilación "de forma flexible" y acordada en el Pacto de Toledo.

Reclama que el Gobierno legisle para reconocer a los trabajadores el derecho a participar en la gestión de las empresas y en la distribución de sus "excedentes". Además, pide estímulos a las inversiones, una reconversión ecológica de la industria y el sector energético, la creación de un parque público de viviendas en alquiler y el refuerzo de la inspección tributaria.