Así lo denunció este martes el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que expuso los principales resultados del análisis que la organización realizó sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de un total de 114 agencias inmobiliarias en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao, Santiago de Compostela Toledo, Salamanca, Valladolid y Zaragoza.

Según dicho análisis, en el conjunto de España cuatro de cada 10 inmobiliarias analizadas “incumplen la prohibición de cobrar honorarios o gastos de gestión a los inquilinos”, según precisó Sánchez, al tiempo que explicó que son un total de 47 (el 41%) las que “siguen informando a las personas que buscan piso de que, en caso de que firmen el contrato de arrendamiento, se les cobrará una cantidad en conceptos tales como "honorarios", "gastos de gestión" o "comisión"” pese a que la entrada en vigor de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda introdujo una modificación en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 según la cual los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato “serán a cargo del arrendador".

Tras denunciar el “porcentaje altísimo y desproporcionadamente elevado de incumplimientos” en algunas capitales, lamentó que, debido a esta prohibición, “algunas agencias” han recurrido a “diferentes trucos o argucias” para “enmascarar que siguen cargando estos gastos a los futuros inquilinos”.

En concreto, Sánchez puntualizó que Facua ha detectado inmobiliarias que mencionan la realización de un "estudio de viabilidad y solvencia económica" del inquilino, que tildó de “tomadura de pelo en toda regla” y que, dijo, se “impone sin que este lo haya pedido”, mientras otras usan anglicismos para referirse a estos honorarios, o aseguran que se cobran por servicios "prestados al arrendatario" pero “que no detallan y cuyo pago imponen”.

En el extremo opuesto, de las inmobiliarias analizadas por Facua en Santiago de Compostela, Toledo, Valladolid y Zaragoza, “ninguna intenta cargar dichos honorarios a los inquilinos”, según su secretario general, que valoró que “todas informan que corren "a cargo del arrendador”, en aplicación de la nueva ley de vivienda".

DENUNCIAS

En este contexto, avanzó que la organización de consumidores está “ultimando” su ampliación de denuncias contra las nuevas inmobiliarias detectadas que “infringen” la normativa, tras la primera batería que presentó el pasado mes de junio contra 31 de ellas y que ahora amplía a otras 16, con lo cual serán ya 47 las agencias denunciadas ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.

En este sentido, la asociación reclamó “responsabilidad” por parte de las autoridades de consumo autonómicas para que “investiguen y abran los correspondientes expedientes sancionadores” a las agencias “incumplidoras” que lleven a cabo esta “práctica ilícita”.

No obstante, Sánchez recordó a aquellos usuarios que “se vean obligados a pagar este concepto para no perder la oportunidad de alquilar el piso” que lo hagan, pero pidan factura independiente por el concepto abonado, o que hagan el abono por transferencia indicando el concepto.

“Posteriormente, una vez firmado el contrato de alquiler y habitando ya el piso, pueden dirigirse a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad”, apostilló, para agregar que, en caso de que la agencia se niegue, pueden interponer una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas “solicitando una multa contra la empresa por la vulneración de la normativa”.

En caso de que la agencia “persistiese en su negativa”, los consumidores también pueden recurrir a la vía judicial y, en este punto, Sánchez recordó que, al tratarse de una reclamación que, “por regla general, no superaría los 2.000 euros", pueden hacerlo "sin necesidad de procurador y abogado”.