El nuevo decreto se adapta a Ley General de la Comunicación Audiovisual, una norma de carácter estatal cuya entrada en vigor ha obligado a modificar la legislación autonómica vigente hasta el momento, puesto que se pasa a considerar la comunicación audiovisual como una actividad de "interés general" en lugar de un "servicio público".

Como consecuencia de esta nueva concepción, las empresas adjudicatarias de FM no disfrutarán de una concesión administrativa, sino de una licencia.

En este sentido, el decreto derogará otro de 23 de junio de 2009 por el que se aprobó el reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Canarias. Asimismo, deja sin efecto la orden de 2 de febrero de 1987 por la que se regula la inscripción en el Registro de Empresas Radiodifusoras.