Según manifestaron este miércoles las entidades representantes de los accionistas minoritarios, "en esta situación se ha producido una acción ilícita al utilizar la acción de oro e impedir que se pudiera llevar a cabo la decisión de la Junta General", por lo que ambas asociaciones, bajo el respaldo de Euroshareholders "no descartamos interponer distintas acciones judiciales en defensa de los accionistas minoritarios".

El presidente de ATM, Octavio Viana, explicó que "los estatutos de PT no dan una cobertura suficiente al Estado portugués para poder hacer uso de la acción de oro, por lo que su uso es ilícito"; además "va en contra del código de las sociedades mercantiles en Portugal, que prevé que existan acciones especiales en el marco de las sociedades, pero acciones que confieren determinados derechos económicos, nunca derechos políticos o administrativos de la naturaleza de los que han sido ejercitados por el Estado portugués".

Viana también señaló que "la decisión del Gobierno portugués es inconstitucional porque la Constitución portuguesa, en su artículo 86.2, establece que el Estado sólo en casos muy concretos puede intervenir en la vida económica de las sociedades mercantiles, concretamente cuando existe un respaldo judicial que la autorice, y consideramos que en este caso no se han observado estos requisitos".

El presidente de ATM aclaró que "no estamos en contra del uso de las acciones de oro si es dentro del marco de la legislación europea, pero el Estado no puede usar este instrumento de la manera que estime oportuna, sino que debe evitar interferencias políticas en el ámbito de lo privado y, en este caso, debe actuar como accionista que es, y no como autoridad pública".

Por su parte, el portavoz de Aemec, Ángel Fernández-Albor, especificó que en el caso de que PT no acuda finalmente a la OPA por el ejercicio de la acción de oro, las asociaciones de accionistas minoritarios "primero abriremos una vía de diálogo con el Gobierno portugués para pedir que rectifique. En segundo lugar se instará al Consejo de Administración de PT a cumplir con los acuerdos de la Junta General. Si estas acciones no prosperan, se abrirán vías de carácter judicial de naturaleza específica de la ley portuguesa, así como actuaciones ante la jurisprudencia comunitaria".