Para dar cumplimiento a la previsión de la nueva Ley, el Cermi planteó que se cree una fundación pública, dirigida por los ministerios del Interior y de Sanidad y Política Social, respectivamente, con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias y de víctimas, con el fin de aplicar los fondos recaudados por multas a los fines de atención a víctimas.

La fundación pública, según el Cermi, gestionaría estos recursos que se destinarían a sufragar programas de atención, orientación y apoyo a víctimas de accidentes de tráfico y a sus familias, "buscando siempre la reincorporación de las personas accidentadas a la vida activa y a la plena participación comunitaria".