En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avanzó que el Tribunal "ha ratificado prácticamente en su totalidad la validez y la constitucionalidad del Estatuto" y con ello ha dado "fuerza, estabilidad y garantía de duración" al pacto político que supuso su aprobación y ya no valen "dudas, vaticinios y cuestionamientos" sobre el texto.

Según explicó, el fallo aprobado por el Constitucional consta de cuatro partes, una de las cuales enumera los artículos con tacha de inconstitucionalidad, y sólo uno, subrayó, ha sido anulado en su totalidad, el 97, sobre el Consejo Judicial autonómico. En otros trece se declara inconstitucional alguna palabra o frase pero se mantiene lo demás.

Otro de los apartados del fallo es el que aclara que el preámbulo del Estatuto, como el de cualquier otra ley, no tiene efectos jurídicos y carece de eficacia jurídica interpretativa.

En el caso de otros 25 artículos "se pronuncia sobre la interpretación declarándolos también plenamente constitucionales atribuyendo un sentido acorde con la Constitución", como ya hicieron los grupos que lo respaldaron en el Parlamento, añadió, y otro cuarto apartado del fallo es el que declara constitucional todo lo demás. Fernández de la Vega reiteró que el Constitucional ha sentenciado con plena legitimidad, total independencia y absoluta libertad en sus tiempos y en sus procedimientos, como corresponde al Estado de derecho y como fue siempre defendido desde el Gobierno, “porque somos conscientes de que los tiempos políticos no son los judiciales”.

Subrayó, asimismo, que el Gobierno siempre defendió la constitucionalidad del Estatuto y su “cuádruple legitimidad” al haber sido aprobado por el Parlamento catalán, por las Cortes Generales, refrendado en referéndum y porque, pese a quienes aventuraban el derrumbamiento del modelo territorial, se está aplicando “con total normalidad”.

SE MANTIENEN LAS "LÍNEAS MAESTRAS"

Casi cuatro años después de que el PP lo recurriera, afirmó Fernández de la Vega, el Constitucional rechaza "el 92%" de sus peticiones de inconstitucionalidad porque la sentencia mantiene "las líneas maestras" de profundización en el autogobierno de Cataluña.

Por ejemplo, argumentó, declara conforme a la Constitución la regulación de los símbolos propios de Cataluña, el uso y regulación de las lenguas oficiales y aclara que el establecimiento de un catálogo propio de derechos que vincula a los poderes públicos de una comunidad autónoma no supone desigualdad alguna entre españoles sino el legítimo resultado del modelo territorial.

Declara, además, la constitucionalidad de la regulación de las instituciones propias de Cataluña, "objetando" sólo algunos aspectos de dos de ellas, y refrenda todo lo relativo a las nuevas competencias.

En este sentido, dijo la vicepresidenta, "no es cierto, como sostenía el PP", que el Estatuto estableciera una relación "confederal" entre el Estado y la Generalitat, y de hecho declara compatibles los mecanismos de relación bilateral y multilateral y avala la financiación y la competencia para gestionar la proyección de las competencias en el exterior.

Con todo ello, la vicepresidenta sentenció que el fallo supone una "completa derrota" de las posiciones mantenidas por el PP, una derrota, dijo, "en toda regla" porque además se confirma el avance de todas las reformas estatutarias que siguieron a la de Cataluña y que sí fueron respaldadas por ese partido.

Después de conocer el fallo, la propia vicepresidenta habló "un momentito" con el presidente de la Generalitat, José Montilla, que también valoró su contenido ante los medios de comunicación casi al mismo tiempo.