El trabajo, elaborado por Lorenzo Serrano, profesor de la Universidad de Valencia, y Ángel Soler, técnico del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), indica que si desapareciese la dependencia en España, por comunidades autónomas, la población ocupada de Andalucía aumentaría en casi 60.000 personas, Cataluña lo haría en cerca de 58.000 y la Comunidad Valenciana en más de 46.000.

Según este informe, cuatro de cada cien personas en edad de trabajar padecen incapacidad permanente y un 4,8% declara no buscar empleo por incapacidad o enfermedad propia.

Respecto a la importancia de la dependencia como fuente de población inactiva, los territorios que experimentan una mayor presión sobre la inactividad por esta razón son las provincias del noroeste, el sudeste y el extremo sur peninsular.

Por el contrario, Baleares, Cataluña, las provincias andaluzas del interior y una amplia zona del centro-norte de la península presentan una menor población dependiente inactiva en relación al total de población inactiva, señala el trabajo.

El estudio sostiene igualmente que la dependencia produce otros dos efectos sobre el mercado de trabajo. Por una parte, reduce la disposición a trabajar de parte de las personas que se ocupan del cuidado de dependientes, por lo general familiares, Por otra, incrementa la demanda de cuidadores, generando puestos de trabajo asociados a esta actividad.

Según el estudio publicado por Funcas, más de un 3% de la población en edad de trabajar no busca empleo o sólo tiene un empleo a tiempo parcial para poder dedicarse al cuidado de terceros, incluidas las personas dependientes.

Respecto al empleo generado por la atención a la dependencia, el estudio muestra la desigual respuesta de las comunidades autónomas a la hora de hacer frente a la demanda que plantean las personas dependientes.

La media nacional de ocupados en servicios sociales sobre dependientes se acerca al 24%, lo que supone que en España hay un trabajador del sector por cada cuatro personas dependientes. Cataluña destaca en ese sentido, con un trabajador por cada dos personas con dependencia.

En la situación contraria se encuentra Murcia, donde el porcentaje es de un trabajador de servicios sociales por cada nueve personas.