La sentencia le imputa un delito continuado de apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesetas y le acusa de cometer un grave perjuicio a una gran cantidad de personas.

Según la resolución judicial, Francisco Peiró -que fue ascendiendo en el escalafón del banco durante su etapa en la entidad- se encargó de ir desviando dinero procedente de las inversiones de clientes particulares a unas cuentas ajenas al BEF, que él mismo contrlaba.

Una parte de lo defraduado procedía del acuerdo que había alcanzado el BEF con la Diputación Foral de Vizcaya para la gestión de pagarés. Los colaboradores del condenado se encargaban de transferir el dinero de algunos clientes a cuentas ajenas al propio banco.

Así, se desviaron cantidades por encima de los 1.000 millones de pesetas, que eran anotadas en un ordenador personal, no incorporado a la red general del banco, que fue encontrado en una consigna de la estación de ferrocarril de Chamrtín (Madrid).

Además, el condenado ocultaba inversiones opacas realizadas por algunos clientes y las desviaba a cuentas ajenas al BEF por valor aproximado de otros mil millones de pesetas, con lo que el valor de lo detectado en cuanto a la irregularidad cometida ronda los 2.134 millones de pesetas.

Posteriormente, cuando los clientes pedían recuperar sus inversiones, el importe de los depósitos era retirado de una cuenta a nombre de la sociedad Almojar S.A., y como en ocasiones no había suficiene, se utilizaba otra sociedad más, denominada Arbi S.A.

El BEF fue sometido entonces a un expediente de suspensión de pagos, en octubre de 1991, lo que provocó la dimisión de Francisco Peiró Navarro, entonces presidente del consejo de administración, contra el que se inició la investigación que ha dado como resultado la condena hecha pública hoy.