El texto aprobado, a su juicio, “nada tiene que ver” con el que se negoció en la mesa del diálogo social ni con el que se entregó a los sindicatos. “No puede ser que los que dirijan sean expertos independientes, no elegidos democráticamente”, dijeron los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, en rueda de prensa.

Según Górriz, “Zapatero ha optado por ser el comisario político de los mercados. No es comprensible que se cambie de propuestas en tan poco tiempo. Este Gobierno no gobierna con justicia. Las reformas van en dirección contraria a las que plantearon en su contrato electoral, que están rompiendo”, dijo.

Ambas organizaciones temen, además, que en el trámite parlamentario del real decreto de la reforma laboral se den “situaciones extrañas”. De hecho, temen que ya se hayan producido, en el proceso de negociación, “pactos ocultos” que busquen endurecer aún más las “modificaciones regresivas” para los derechos de los trabajadores en la tramitación.

A pesar de todo, se declararon abiertos al diálogo. A través de las conversaciones con los distintos grupos políticos y, sobre todo, a través de la huelga general del próximo 29 de septiembre, los sindicatos pretenden que el Ejecutivo rectifique esta reforma laboral.

Por su parte, Toni Ferrer sostuvo que esta reforma del mercado de trabajo es “una pieza más” del plan de ajuste en el que también se cuadra el recorte de salarios de los funcionarios, el retraso de la edad de jubilación y la congelación de las pensiones.

Los dos sindicatos presentaron a los medios el documento conjunto de análisis del real decreto de reforma laboral, coincidiendo con su convalidación en el Congreso de los Diputados.

Los sindicatos entienden que esta reforma hace que el despido, individual y colectivo, sea más fácil, más rápido y más barato.

Desde su punto de vista, dicha reforma “nos aleja del cambio de patrón de crecimiento; no sirve para crear empleo; no va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo; privatiza el desempleo; abre la vía de la contratación de las empresas de empresas de trabajo temporal en sectores de riesgo; y rompe la negociación colectiva, aumentando el poder de dirección empresarial para descolgarse de los incrementos salariales pactados en los convenios.

Para los sindicatos, la gran damnificada de la reforma será la contratación indefinida ordinaria, que “pese a las pretendidas proclamas gubernamentales de no perjudicar a esta modalidad de contratación, queda definitivamente arrinconada y sin futuro”.

En cuanto al contrato de fomento de la contratación indefinida, “va a constituirse en el contrato estrella del marco legal de contratación”, a pesar de que “fomenta la contratación temporal”.

También se posicionaron en contra del papel que se atribuye a las empresas privadas de trabajo temporal; de la desregulación de las causas del despido, que amplía la discrecionalidad de las empresas para despedir y anula la posibilidad de declarar el despido nulo; y de la inseguridad que se introduce en el futuro de la negociación colectiva.