El magistrado suspendido cautelarmente hace esta petición en el escrito de defensa, de 139 folios, que presentó ayer su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, de cara al juicio que celebrará el Tribunal Supremo. Garzón solicita, al igual que hizo la Fiscalía, la aplicación de la “doctrina Botín” al entender que la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias no tiene "legitimidad procesal" para impulsar en solitario un juicio contra él.

En concreto, Garzón pide que se le aplique el mismo principio por el que el propio Tribunal Supremo decidió a finales de 2007 absolver al presidente del Banco Santander en el marco de la causa por las cesiones de crédito de la entidad bancaria al entender que si en una causa ni el fiscal ni el perjudicado directo acusan, no basta la petición de la acusación popular para iniciar un juicio y sentar a los acusados en el banquillo. La aplicación de esta doctrina llevaría al archivo de las actuaciones abiertas contra Garzón.

El instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Luciano Varela, dictó el pasado 11 de mayo auto de apertura de juicio oral contra Garzón, lo que supone que el magistrado deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido al investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El auto de Varela llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a suspender cautelarmente a Garzón y apartarle temporalmente de la Audiencia Nacional hasta que se resuelva la causa y el Supremo dicte sentencia. El magistrado se marchó al Tribunal Penal Internacional, situado en La Haya (Holanda), para trabajar temporalmente como asesor de la Fiscalía.

INOCENCIA DE GARZÓN

Respecto a los hechos, el escrito se centra en defender la absoluta legalidad de la investigación realizada por Garzón sobre los crímenes de Franco. El abogado asegura que Garzón “respetó siempre la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y añade que su objetivo al investigar los crímenes del franquismo fue “ofrecer a los familiares la debida reparación judicial y el derecho a saber qué fue de las víctimas”.

El escrito describe en primer lugar el contenido de las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional por crímenes contra la humanidad, los hechos que denunciaban y la reparación que solicitaban, todo ello enmarcado en la jurisprudencia española y en la solución que los tribunales ofrecían a en actuaciones similares, como los casos de Argentina o Chile.

Garzón defiende la imposibilidad de aplicar la Ley de Amnistía antes de la investigación de los hechos así como la “necesidad procesal” de comprobar “el fallecimiento de los responsables”, como la del dictador Franco. Por último, destaca que las investigaciones han situado el número total de víctimas del franquismo entre 136.062 y 152.237 personas.

42 TESTIGOS

Como pruebas para el juicio, Garzón solicita la declaración de un total de 42 testigos nacionales y extranjeros, entre ellos los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel.

Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.

El juez también pide la declaración como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Asimismo, solicita la declaración de 23 representantes de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.

Por último, Garzón pide la declaración como testigos de varios expertos internacionales en la persecución de los crímenes contra la humanidad como Carla del Ponte (ex fiscal del Tribunal Penal Internacional sobre la antigua Yugoslavia); el juez Juan Guzmán Tapia (que instruyó en Chile los procesos contra Pinochet); Sergio García Ramírez (magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humamos); Claudio Grossman (presidente del Comité contra la Tortura de la ONU); y Philip Alston (relator de la ONU sobre "Ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias").

El objetivo de estas comparecencias, según el escrito, es que los testigos declaren “sobre la existencia de una práctica consolidada en los tribunales españoles e internacionales que ofrecen reparación a las víctimas de delitos contra la Humanidad”.

En definitiva, se trata de demostrar que la actuación de Garzón “no puede ser valorada como insólita en el panorama jurídico nacional o internacional ni, por tanto, calificable de prevaricación”

RECURSOS PENDIENTES

Por último, el escrito recuerda que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está pendiente de resolver varios recursos cruciales interpuestos contra diferentes aspectos del proceso penal seguido contra Garzón.

En este sentido, el escrito critica además al instructor Varela por no haber querido suspender el trámite para presentar el escrito de defensa a pesar de que hay pendientes de resolver un total de seis recursos ante la Sala de Penal, cuya decisión “afectaría sustancialmente al contenido del escrito”.

En entre otros, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está pendiente de resolver el recurso interpuesto por Garzón en el que pide que se decrete la nulidad de los escritos de acusación presentados contra él por Manos Limpias, la única acusación que queda en la causa tras la expulsión de Falange Española de las JONS y que pide 20 años de inhabilitación para el juez de la Audiencia Nacional. La nulidad de los escritos, de decretarse, supondría el archivo de la causa abierta contra Garzón por falta de acusación.

Con el escrito de defensa presentado por Garzón se cumple el último trámite para poder iniciar el juicio contra el magistrado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá ahora fijar una fecha para la celebración del juicio contra Garzón, dictando un auto de señalamiento de vista oral.

Además del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del "caso Gürtel" y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.