La necesidad de adaptarse a la normativa comunitaria ha obligado al MOPMA a considerar el capítulo referido a saneamiento y depuración de aguas como una prioridad en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1996, por lo que las inversiones en este apartado crecen un 11,5 por ciento en relación a los presupuestos de 1995.

La directiva exige que todos los municipicios de la Unión Europea (UE) cuenten con sistemas de depuración, antes del año 2001 en el caso de los núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes, y del 2006 en los municipios que tengan entre .000 y 15.000 habitantes.

Los principales problemas que presentan los municipios españoles en materia de depuración de aguas residuales se refieren a la obsolescencia de las instalaciones de depuración y de vertido, la inexistencia de ordenanzas municipales que regulen el vertido al alcantarillado o el incumplimiento de las existentes, la escasa preocupación por el tratamiento de las aguas y la presencia de redes de saneamiento urbanas con insuficiente capacidad o en estado deficiente.

Además, alunas de las plantas de saneamiento que operan en la actualidad cuenta con escasos medios humanos y materiales para su correcta explotación, ya que las tarifas y cánones no siempre cubren los costes correspondientes, según revelan los análisis realizados desde el MOPTMA.

A estas deficiencias hay que unir el escaso control y seguimiento de funcionamiento de las depuradoras en algunas ocasiones por parte de las autoridades competentes y la nula preocupación que éstas demuestran a veces por el tratamientoy elmiminación de los fangos derivados de la depuración.

SITUACION ACTUAL

Los datos del ministerio revelan que la situación es especialmente negativa en Cantabria y el País Vasco, comunidades en las que ninguna ciudad cumple la directiva europea, aunque en Bilbao, Baracaldo, Basauri, Portugalete e Irún se han emprendido ya acciones correctoras, y en San Sebastián se están estudiando las medidas a adoptar.

En Castilla y León sólo Soria y León cumplen la normativa de la UE, mientras Burgos, León,Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora deberán introducir mejoras en los sistemas de depuración actuales.

En Andalucía superan el listón que impone la UE Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Marbella y algunas zonas de Sevilla; en Aragón, Zaragoza; en Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano y Toledo; en Galicia, Lugo, Orense, Santiago de Compostela y Betanzos; en Navarra sólo Estella y en la Comunidad Valenciana algunas zonas de Alicante y Benidorm, Aloy, Castellón, Elche, Torrent y Valencia.

Extremadura ha realizado un esfuerzo significativo que permite a Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena superar los requisitos de la directiva sin obras adiccionales.

Por el contrario, ciudades y localidades como Gijón, Oviedo, Aviles, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Torrelavega, Murcia, Cartagena, Pamplona, Logroño, La Coruña, El Ferrol, Pontevedra, Vigo, Villagarcía deArosa, Ceuta y Melilla tendrán que construir nuevas infraestructuras o mejorar las ya existentes para adaptarse a la nueva legislación.

En la Comunidad de Madrid y Cataluña, el importante crecimiento que han experimentado durante los últimos años diversos núcleos urbanos hace que en algunos de ellos se requiera la adopción de medidas adicionales a las ejecutadas. Las ciudades de Madrid, Barcelona, Tarragona y Gerona cumplen la directiva, pero no Lérida.

De acuerdo con los criterios de la UE, sóloun 40,7% de la población española dispone en la actualidad de sistemas de tratamiento y depuración de aguas adecuados. Con las depuradoras actualmente en construcción, el MOPTMA espera alcanzar un porcentaje del 53,7% a medio plazo.

A pesar de las acciones emprendidas por las distintas administraciones para conseguir contar con sistemas adecuados de depuración, el problema se agrava con los vertidos industriales, todavía frecuentes en muchos puntos del país.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiete estima que en España se producen más de 300.000 vertidos a las aguas, tanto superficiales como subterráneas, de los que aproximadamente 240.000 se efectúan a través de las redes urbanas. Del resto de los vertidos, sólo un 23 por ciento tienen autorización.

PRESUPUESTO DEL 96

Para corregir esta situación, el MOPTMA otorgará prioridad en el 96 a las inversiones relacionadas con el saneamiento y depuración de aguas residuales y a aquellas actividades de vigilancia de la calidad de las aguas y de gesión del dominio público hidráulico, que ascienden a 20.500 millones de pesetas en el proyecto de Presupuestos, según ha podido saber Servimedia, mientras que en 1995 se situarán en 18.383 millones.

Además, el capital con el que contará el MOPTMA para transferir a las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de convenios relacionados con proyectos sobre calidad de las aguas pasa de 100 a 1.400 millones de pesetas.

Las transferencias de capital a otras administraciones en el resto de política ambientales también registra un significativo incremento en relación a 1995, ya que pasan de los 2.924 millones presupuestados para este a año a 5.000, lo que supone un incremento del 71 por ciento.

Los proyectos que se beneficiarán de estas transferencias son aquellos relacionados con la gestión y tratamiento de residuos, contaminación atmósferica y otras políticas cuya gestión están transferidas a las administraciones autonómicas o locales.

A estas cifras se sumarán las ayudas económicas proceentes de los Fondos de Cohesión, destinadas a proyectos sobre tratamiento de residuos, depuración de aguas y otras políticas medioambientales, que en 1996 superarán ampliamente los 30.000 millones de pesetas, por los 28.000 millones asignados en 1995.

No obstante, para poder cumplir los plazos fijados en la normativa de la UE, el Plan Nacional de Saneamiento, aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros, prevé una inversión hasta el 2005, procedente de la iniciativa privada y las admiistraciones públicas, de 1,8 billones de pesetas.