La puesta en libertad de Usabiaga, acusado de un delito de integración en organización terrorista, fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que las "circunstancias humanitarias" alegadas por el ex líder sindical fueron "artificialmente creadas" con el único objetivo de eludir la prisión. Su excarcelación también fue recurrida por la asociación de Francisco José Alcaraz.

Los magistrados de la Sección Tercera han concluido, en cambio, que las dolencias de la madre de Usabiaga son reales. En base a los distintos informes médicos, la Sala de lo Penal indica en un auto dictado este miércoles que la madre del ex líder sindical padece una grave enfermedad que requiere un tratamiento exhaustivo y que la mantiene en situación de dependencia.

El auto señala que la madre se encuentra “recluida en su domicilio por razón del deterioro físico derivado de la patología”. Garzón decidió dejar en libertad a Usabiaga después de que los Servicios Sociales el Ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa) acreditasen que la madre del procesado había iniciado los trámites para recibir las prestaciones personales de la Ley de Dependencia requiriendo como cuidador a su hijo.

De forma complementaria, la Sala de lo Penal ha tenido en cuenta que el antiguo líder de LAB ha cumplido con las medidas cautelares que le impuso Garzón. Además de la fianza de 30.000 euros, Díez Usabiaga tiene que remitir dos veces por semana un informe sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, no puede abandonar el territorio nacional y tiene que comparecer periódicamente ante los juzgados.

“Es claro que el magistrado instructor ha valorado acabadamente el riesgo de fuga”, señalan los magistrados de la Sección Tercera, presididos por Alfonso Guevara.

RECONSTRUIR BATASUNA

Usabiaga se encontraba en prisión desde el pasado mes de octubre acusado de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA. En el marco de esta causa, el líder de la izquierda abertzale fue procesado junto al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y otras cinco personas.

La misma Sección Tercera de la Sala de lo Penal está pendiente de resolver el recurso interpuesto por Otegi y Usabiaga contra su procesamiento, acordado por Garzón el pasado 25 de enero.

Tras la suspensión cautelar del magistrado, decretada el 14 de mayo por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las causas de su juzgado han sido asumidas temporalmente por su compañero Santiago Pedraz.

Garzón les imputó un delito de integración en organización terrorista por su intervención en el proyecto denominado "Bateragune" -núcleo de reunión, en euskera-, que, según el juez, trataba de reconstruir la marca electoral de ETA para concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

TREGUAS-TRAMPA

En el auto de procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional acusó a Otegi de ser el máximo responsable de "Bateragune". En este sentido, aseguró que una de las misiones que ETA encomendó al ex portavoz de Batasuna era "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria, si bien la actividad violenta continuaría en el resto de España".

El objetivo de estas "treguas-trampa" era engañar a partidos independentistas no violentos, como Euskal Alkartasuna (EA) o Aralar, para crear un polo soberanista aparentemente desligado de ETA y poder concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2011.