Así consta en el dictamen que se aprobó hoy como desenlace de las actividades de esta comisión, que se reúne desde antes del verano. Votaron a favor Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos, que lograron sacar adelante seis enmiendas transaccionales, más 22 enmiendas parciales del PSOE y 10 de Ciudadanos. Los tres grupos votaron en contra de la enmienda de sustitución presentada por el PP, grupo que se abstuvo en las enmiendas y votó en contra del dictamen.

El dictamen, que se elevará al Pleno de la semana que viene y contempla la posibilidad de ser entregado a la Fiscalía, señala que las obras se realizaron sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental, que habría permitido recurrir a un crédito muy ventajoso del Banco Europeo de Inversiones en lugar de hacerlo a capital privado en forma del socio Emesa, muy favorecido por el contrato a costa del Ayuntamiento. Todo ello con el objeto de llegar a tiempo a las elecciones de 2007.

El dictamen hace al gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que no quiso comparecer en la comisión, “responsable de elegir un modelo de gestión lesivo e ineficiente” y de las “irregularidades” en las obras, cuyo sobrecoste estima en 597 millones de euros entre 2015 y 2016, a los que habría que añadir más de 330 en IVA, 148 en Impuesto de Sociedades y 78 en intereses de préstamo subordinado.

Como recomendaciones, el dictamen sugiere revertir el modelo hasta volver a la gestión 100% municipal, pese a que el contrato esté blindado hasta 2040, y, mientras no sea posible, hacer una auditoría que esclarezca las irregularidades y exigir al socio privado, Emesa, incluso por la vía judicial, la devolución del dinero no empleado en el mantenimiento.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, agradeció a PSOE y Ciudadanos el acuerdo sobre el dictamen, reivindicó el trabajo de la concejala socialista Mercedes González y de IU cuando estaban en “la travesía del desierto” de la oposición y reclamaban documentación que el gobierno del PP no les daba porque “había cosas que ocultar” y lamento que el Grupo Popular actual sólo haya querido “embarrar el campo” de la investigación como “los malos equipos, los que creen que van a perder”.

También aprovechó para culpar a “aquellos polvos” de la M-30 de los “lodos” de la deuda de la ciudad y negó el argumento habitual del PP de que la ciudadanía ya avaló las obras dando posteriores victorias electorales al partido, pues, según Sánchez Mato, lo hizo porque “no sabe ni sabía los datos que esta comisión ha sacado a la luz pública”, que apuntan a un coste total de 10.400 millones de euros de la obra y su mantenimiento.

Además, prometió que “desde el minuto siguiente” a la aprobación del dictamen en el pleno del miércoles, el Gobierno municipal se pondrá manos a la obra para hacer realidad las conclusiones del dictamen, que aboga por la municipalización de la gestión de la calle de circunvalación y por poner en manos de la Fiscalía los datos de que dispone.

CONNIVENCIA DE LA DERECHA POLÍTICA Y ECONÓMICA

Mercedes González también agradeció a Ciudadanos su apoyo, lamentó que Gallardón y su equipo no hayan querido participar en la comisión, que les citó como comparecientes, y atribuyó la obra a la “esencia megalómana” de éste y al “acuerdo entre la derecha política y la derecha económica”, en “connivencia evidente” para beneficio de ambas.

La concejala socialista cree que el proyecto “desbordaba la capacidad económica del Ayuntamiento”, y de ahí que se pusiera en manos de un socio privado, Emesa, con la participación de Ferrovial y ACS, con el consiguiente sobrecoste para las arcas municipales. También denunció que el proyecto se desglosara en 17 para evitar someterse a informes de impacto ambiental y concluyó que “toda la obra es nula e ilegal”, pero “se cumplió el fin” de llegar a tiempo para las elecciones de 2017. Algo que, a su juicio, “tiene que acabar, como no puede ser de otra manera, en manos de la Fiscalía”.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo suscribió las conclusiones del dictamen, que apuntan a irregularidades, falta de estudios medioambientales y un “incremento desorbitado de la deuda”, y recordó que la propia Cámara de Cuentas madrileña señaló también que el modelo de gestión con socio privado había sido “un desastre” para los bolsillos de los madrileños, que dedican cada año 140 millones anuales a la Calle 30 de los que sólo 28 se dedican realmente al mantenimiento de la vía.

Por el contrario, el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, denunció el “juicio sumarísimo” y la “causa general en fascículos” que a su modo de ver ha sido esta comisión contra el PP, y que se haya “querido arrastrar por el fango a empleados municipales”. Recordó que la reforma de la M-30 y su plazo de tres años fue un lema de la campaña del PP en 2003, por lo que Gallardón se limitó a cumplir con él, construyendo una vía que es “el orgullo de Madrid y los madrileños” donde antes había “una herida urbana”, y en un plazo que evitó empantanar más tiempo a la ciudad en las obras.

Entre otras cosas, defendió que ahora se generan 1.750 toneladas menos de contaminación al año, que se ha reducido un 15% la siniestralida en la calle y que se generaron 750 millones de renta y 11.500 puestos de trabajo durante las obras. Señaló que la alta de informe de impacto ambiental se erminó subsanando y, aunque admitió que la obra no fue barata, redujo el sobrecoste a un 16%, y reivindicó que primó el criterio de los técnicos y que gracias a la reforma de la M-30 ahora se puede peatonalizar Gran Vía y descongestionar el centro. Ademá, justificó las sociedad con Ferrovial y ACS porque estas constructoras sí tenían el ‘know-how’ necesario para construir la infraestructura.

Finalmente, reveló con un pantallazo de las propiedades del documento Word del dictamen que su autor había sido el propio consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, y por ello, al término de la comisión, exigió su cese, habida cuenta de que su puesto debía obligarle a la neutralidad y, después de haber comparecido en la comisión, no puede ser “juez y parte” y redactar también el dictamen final.