Así consta en el dictamen que se aprobó hoy como desenlace de las actividades de esta comisión, que se reúne desde antes del verano. Votaron a favor Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos, que lograron sacar adelante seis enmiendas transaccionales, más 22 enmiendas parciales del PSOE y 10 de Ciudadanos.

Los tres grupos votaron en contra de la enmienda de sustitución presentada por el PP, grupo que se abstuvo en las enmiendas y votó en contra del dictamen.

El dictamen, que se elevará al Pleno de la semana que viene y contempla la posibilidad de ser entregado a la Fiscalía, señala que las obras se realizaron sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental, que habría permitido recurrir a un crédito muy ventajoso del Banco Europeo de Inversiones en lugar de hacerlo a capital privado en forma del socio Emesa, muy favorecido por el contrato a costa del Ayuntamiento. Todo ello con el objeto de llegar a tiempo a las elecciones de 2007.

El dictamen hace al gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que no quiso comparecer en la comisión, “responsable de elegir un modelo de gestión lesivo e ineficiente” y de las “irregularidades” en las obras, cuyo sobrecoste estima en 597 millones de euros entre 2015 y 2016, a los que habría que añadir más de 330 en IVA, 148 en Impuesto de Sociedades y 78 en intereses de préstamo subordinado.

Como recomendaciones, el dictamen sugiere revertir el modelo hasta volver a la gestión 100% municipal, pese a que el contrato esté blindado hasta 2040, y, mientras no sea posible, hacer una auditoría que esclarezca las irregularidades y exigir al socio privado, Emesa, incluso por la vía judicial, la devolución del dinero no empleado en el mantenimiento.