La Fundación porCausa cuantifica la industria española del control migratorio en unos 900 millones de euros, cifra que procede de los diferentes fondos europeos destinados a la protección de fronteras, el retorno, la seguridad y el asilo, así como a los recursos canalizados a través de Frontex (la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas).

España contribuyó también a esta cifra con sus propios recursos a través de la cofinanciación de los fondos europeos y la inversión en infraestructuras de control migratorio.

Como parte de esa inversión, los autores del informe han identificado 943 contratos públicos por un valor total de 610 millones de euros, destinados a diferentes actividades relacionadas con el control migratorio, entre 2002 y 2017.

Ocho de las cerca de 350 compañías incluidas en la base de datos acumulan más de la mitad del total de los recursos concedidos a través de contratos públicos. Estas son Indra, Amper, Eurocopter, Atos, Albie, Siemens, Telefónica Española y GMV. La compañía tecnológica Indra es la mayor adjudicataria de los contratos identificados, con participación en 60 operaciones por un valor de cerca de 110 millones de euros.