El Gobierno dedica actualmente el 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) a cumplir con los derechos de la infancia recogidos por Naciones Unidas, una cifra alejada de la media comunitaria, que se sitúa en el 2,4%, según la plataforma, que afirma que España es el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil, de ahí la “necesidad” de aumentar las partidas.

Una de las medidas que consideran más “urgentes” estas entidades es el aumento de la prestación por hijo a cargo a los 100 euros mensuales y su “universalización”. Y es que la tasa de pobreza infantil es, según Unicef, del 40%, sólo superada en Europa por Rumanía y Grecia.

Ricardo Ibarra, presidente de la Plataforma de Infancia, se mostró, durante una rueda de prensa en Madrid, partidario de alcanzar un pacto de Estado por la infancia que establezca “un mínimo de financiación estable” para “garantizar la calidad de vida de los niños y niñas”, siendo la meta recortar la distancia que existe con los países del entorno.

Otro de los problemas con los que se topa esta entidad es con la escasez de datos respecto a muchos campos de la infancia, como la violencia a la que muchos se ven sometidos. El tercer informe complementario sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en España, publicado hoy por la plataforma, destaca la “ausencia de un sistema adecuado de recogida de datos sobre los menores víctimas de violencia”.

DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA

Ibarra también se refirió a la vulnerabilidad de los niños con alguna discapacidad, ya que “el riesgo de ser víctimas de violencia se incrementa”. En concreto, la tasa de maltrato entre estos menores es del 23,08%, cuando la del resto de niños se sitúa alrededor del 3,87%.

Otro colectivo especialmente vulnerable es el de los niños y niñas LGTB, ya que según los datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) el 60% de los adolescentes reconoce haber presenciado “lesiones homofóbicas” dentro de su instituto.

INTEGRACIÓN

Otra de las denuncias de la Plataforma de Infancia es que los centros educativos “no son capaces de afrontar la integración de la población gitana, inmigrantes y niños y niñas con discapacidad”, por lo que también reclamó un pacto de Estado por la Equidad Educativa que garantice la “igualdad de oportunidades para todos los niños”.

Para ello, el informe recoge que una de las vías es mejorar la “participación” apelando al “derecho de los niños y niñas a ser escuchados y participar a través de canales reales y estables” para la toma de decisiones, planes e incluso leyes que les afecten.