La iniciativa, propuesta del Grupo Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, establece una detección temprana a través de “un cuestionario a las familias para poder llevar a cabo cuanto antes, si es necesario, el tratamiento educativo correspondiente”, aunque como consecuencia de una enmienda de Ciudadanos se “amplían las herramientas que permitan una detección temprana a las que propongan las sociedades científicas".

La diputada de este grupo Rosa Ana Alonso defendió que esta franja de edad “es el momento óptimo” porque determinar el TEA en esas edades coincide con el periodo en el que “empiezan a desarrollarse el lenguaje y los patrones de comunicación más complejos”.

“Lo que estamos solicitando no requiere de grandes recursos”, reivindicó Alonso, que hizo hincapié en que apenas el 5% de los casos de niños con autismo son detectados por los pediatras, lo cual “tiene graves consecuencias” porque “retrasa la atención temprana con tratamiento educativo, tan necesario para obtener el mejor pronóstico posible”.

La otra enmienda, defendida por el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez, hace referencia a que se aborde este tema en el Consejo Interterritorial de Salud, ya que la puesta en marcha de la medida es competencia de las comunidades autónomas, y este diputado destacó que “la atención temprana es fundamental”.

SÍNDROME DE ASPERGER

Por otra parte, esta comisión aprobó también una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Ejecutivo “realizar estudios estadísticos con trazailidad en el tiempo sobre el síndrome de Asperger, incidiendo en la perspectiva de género desde etapas iniciales”.

Esta iniciativa obedece a la “doble discriminación” que sufren las mujeres con TEA y por ello pide al Gobierno que fomente “los estudios de TEA-Asperger con perspectiva de género tanto en niños como en adultos” y, en base a estos estudios, se modifiquen “los criterios de diagnóstico para adecuarlos a las distintas manifestaciones en las niñas y mujeres con Asperger”, así como que se incorpore “en los protocolos de detección de acoso, abuso y violencia, en todos los ámbitos, las especificidades que presentan” estas mujeres.