Eva Hernández y Rafael Seiz, responsable y técnico del programa de Agua y Alimento de WWF, respectivamente, acudieron este martes al Congreso de los Diputados para trasladar a los grupos parlamentarios la propuesta que esta organización hace con el fin de que se recuperen los costes del agua, para lo cual señalan que es necesario modificar la actual Ley de Aguas, de 2001.

Antes, ambos desvelaron esas peticiones en una rueda de prensa en Madrid, donde presentaron el informe ‘¿Quién paga el agua? Una propuesta para la recuperación de costes’, que incluye el análisis de ocho planes hidrológicos de cuenca, los cuales abarcan la mayor parte del uso agrícola del agua en España.

Hernández comentó que el agua tiene un coste financiero asociado a la construcción y mantenimiento de infraestructuras (embalses, depuradoras...), ambiental (por el deterioro de ríos, humedales y acuíferos, su uso abusivo o la contaminación) y de oportunidad (es decir, que se use para una determinada actividad y no otra).

Comentó que la recuperación de esos costes está recogida en la Directiva Marco del Agua para “aplicar el principio de que ‘quien contamina, paga’”, lo que no supone necesariamente subir su precio, sino evaluar de manera más transparente cuánto cuesta el agua porque “la mitad de los ríos, los acuíferos y los humedales en España están en mal estado”.

Por su parte, Seiz comentó que la información recogida en los planes de cuenca españolas “no es coherente” con la Directiva Marco del Agua ni “transparente” porque no existe un listado de costes según sus políticas de precios, que dependen de las confederaciones hidrográficas.

“FISCALIDAD VERDE”

La Ley de Aguas recoge cuatro instrumentos legales asociados a la recuperación de los costes: un canon de la utilización del dominio público hidráulico, un canon hidroeléctrico, un canon de regulación y tarifa del agua, y un canon de control de vertido.

WWF propone reformar esa norma para modificar los principios generales del régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico, incluir un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, una tasa de “fiscalidad verde” para los compuestos que pueden ocasionar vertidos difusos (fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos) y que los que se beneficien de las obras de regulación y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas paguen una tarifa por ello.

Además, WWF pretende que las sociedades estatales de inversión (como Acuamed) tengan la obligación de aportar "de forma adecuada, independiente y transparente" la contabilidad de sus gastos económicos.

“La Administración dice que recupera costes del agua, pero no sabemos cómo lo están haciendo. Hay un nivel de autocomplacencia muy alto, una subestimación de los costes ambientales y una discrecionalidad muy alta por la falta de una normativa clara”, añadió Hernández, quien añadió que WWF no puede precisar “cuánto puede subir el precio del agua por falta de transparencia y porque depende de la voluntad de la Administración de subvencionar”.