En un comunicado, ambas organizaciones señalaron que han acordado iniciar una campaña conjunta de movilizaciones bajo el lema ‘Ahora: salarios, empleo público y derechos’, que comenzará el 24 de noviembre con concentraciones de delegadas y delegados sindicales en todas las capitales de provincia y continuará el 14 de diciembre con una concentración en Madrid.

Los dos sindicatos indicaron su disposición al diálogo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública “para que abra un espacio de negociación real en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas que tenga efectos en los Presupuestos para 2018, haya prórroga o nuevos Presupuestos”.

En esta línea, ambas centrales consideran que “no puede ser un impedimento para ello la propia prórroga de los Presupuestos, pues existen antecedentes”, e indicaron que en 1990 y 1996 “se introdujeron mejoras en las leyes de presupuestos, en materia salarial, de empleo u otras condiciones laborales”.

Concretamente, otra de las demandas de CCOO y UGT es “que se recupere la negociación colectiva en todas las administraciones públicas para abordar cuestiones como jornadas, incapacidad temporal, salud laboral, igualdad, formación y acción social”.

Por otro lado, en lo referente al empleo, los sindicatos consideran que, partiendo del acuerdo para la mejora del empleo público firmado en marzo de este año, éste “debe ampliarse y consolidarse, tanto en el desarrollo del proceso de estabilización, para reducir al menos al 8% la temporalidad en las administraciones públicas, como en la eliminación de la tasa de reposición que permita no sólo recuperar los cerca de 350.000 empleos públicos perdidos en estos años, sino que asiente las bases para la creación neta de empleo”.

En cuanto a salarios, UGT y CCOO reclamaron que los empleados públicos “deben verse reconocidos en el esfuerzo que se les ha exigido para contribuir al equilibrio presupuestario y a la reducción del déficit público, como así lo ha expresado en reiteradas ocasiones el propio Gobierno”.

En este sentido, exigen “el reconocimiento de la deuda salarial que se tiene contraída con el conjunto de personas que trabajan para el sector público, y que se inicie la senda progresiva de la recuperación salarial, con cláusula de garantía salarial, para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años, aproximadamente un 13% desde 2010”.