Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados en relación a la proposición de ley promovida por los sindicatos CCOO y UGT para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la seguridad social, también conocida como renta mínima, Conde defendió la motivación y objetivos de la propuesta al señalar que España está por encima de la media de la Unión Europea en personas en riesgo de pobreza y parados de larga duración, por lo que consideró conveniente garantizar a esas personas unos ingresos básicos.

Sin embargo, Conde indicó que la propuesta presentada “no está bien diseñada” en lo referente a la falta de incentivos que supondría para las comunidades autónomas y los beneficiarios.

En este sentido, Conde señaló que la propuesta actual desincentivaría a las comunidades autónomas a gastar en programas de protección social, abandonando su corresponsabilidad y dejando el gasto al Estado, por lo que indicó la necesidad de que la renta mínima se diseñe y funcione conjuntamente con las comunidades autónomas en su gestión y financiación, y que no sea solo el Estado quien la asuma.

En segundo lugar, el subdirector de Fedea destacó el desincentivo que la renta mínima tal y como está planteada en la propuesta original supondría para que el beneficiario acepte un trabajo por el que vaya a cobrar una renta similar. Para corregir este efecto, Conde propuso que no se retire el 100% de la prestación a quien encuentre trabajo, sino solo una parte, para así aumentar la renta total del trabajador e incentivar la motivación para aceptar el empleo.

En esta misma línea, Conde también indicó que se deberían endurecer las sanciones a quienes no acepten un trabajo o una acción formativa, así como los requisitos de entrada controlando a los miembros del hogar.

INVERTIR MÁS EN EDUCACIÓN Y SANIDAD

Por otro lado, el subdirector de Fedea estimó que el coste máximo que podría alcanzar la implantación de la medida sería de 17.000 millones de euros y que, según los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año, 1,3 millones de personas inactivas podrían activarse para percibir la prestación y sumarse a los desempleados de larga duración.

Así, Conde consideró que este coste “podría situar el gasto en niveles extremadamente elevados”, lo que unido a que “la crisis fiscal de España está lejos de estar resuelta, con una deuda pública por encima del 100% del PIB”, harían recomendable , en su opinión, la introducción progresiva del colectivo de beneficiarios para controlar el gasto y el fraude que podría conllevar su implantación. En este mismo sentido, Conde también mencionó la opción de priorizar el gasto en aumentar la inversión en educación y sanidad, ámbitos en los que España está por debajo de la media europea, como forma de luchar contra la pobreza.