Hasta el momento son 111 los municipios que forman parte del accionariado de Canal, de los 179 de la región.

La citada empresa de gestión del agua congelará sus tarifas domésticas, industriales y comerciales hasta 2019 y extenderá la tarifa social a las viviendas sociales y pisos tutelados que gestionan instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro. Esta medida beneficiará a los cerca de 500 pisos o viviendas tuteladas de la región.

El citado plan, que cuenta con 10 grandes líneas estratégicas y cuya inversión prevista para su primer horizonte (2018-2022) asciende a más de 1.500 millones de euros, fue presentado por el presidente de Canal de Isabel II, Ángel Garrido, y por el director general de la empresa, Rafael Prieto.

Garrido indicó que con este plan “sentamos las bases para hacer de Canal de Isabel II un modelo de gestión, eficiencia y transparencia, de forma que esta empresa siga siendo una seña de referencia dentro y fuera de España y de la que se sientan orgullosos todos los madrileños”.

Señaló que se ha contado en la elaboración del documento con la participación de distintos interlocutores que se relacionan a diario con ella, como trabajadores, clientes, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o colectivos ecologistas.

Entre los objetivos principales del plan figura “reforzar el carácter 100% público de Canal de Isabel II, centrando su marco de actuación geográfica en el territorio de la Comunidad de Madrid e impulsando al más alto nivel la transparencia y el buen gobierno y completar la integración municipal, atrayendo al modelo de gestión integral a aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que aún no lo conforman y mejorando el modelo de relación con todos los municipios".

Asimismo, añadió, se propone "ser la empresa líder y de referencia en el ciclo integral del agua, impulsando la excelencia, la innovación y el talento de sus profesionales y centrando su crecimiento en la cadena de valor del ciclo integral del agua de la Comunidad de Madrid".

Manifestó que "fuera de ella, pondrá en valor su conocimiento únicamente a través de la asistencia técnica en consultoría e ingeniería del agua".

Además, el citado plan pretende afrontar cinco retos claves para el sector del agua, como son "mantener unas tarifas justas y asequibles como servicio público; afrontar las consecuencias del crecimiento de la población y del cambio climático; incorporar las nuevas regulaciones y las nuevas tecnologías; incrementar la satisfacción de clientes y usuarios y desarrollar las competencias y la gestión del talento de sus profesionales".

Entre las actuaciones previstas destacan “el Plan Sanea de modernización de las redes de alcantarillado; el Plan Red para la estandarización de materiales en su red de distribución; la instalación de un parque de contadores inteligentes, dentro del llamado Plan Smart Region; la puesta en marcha de un centro de estudios para formar a los futuros profesionales del sector del agua; la reducción en un 25% del volumen de agua derivada para consumo en 2030; alcanzar el 100% de autoconsumo mediante energías renovables en 2030, y la creación de un Observatorio del Agua".

DESINVERSIONES EN LATINOAMÉRICA

En la reunión de esta tarde de la Junta Extraordinaria de Accionistas también se votará el acuerdo del Consejo de Administración para el inicio del procedimiento de desinversión en Latinoamérica.

Para ello, la empresa pública contratará un asesor financiero y un asesor legal que tengan experiencia acreditada en procesos de venta de esta naturaleza y que actúen como asesores en todo el proceso.

También se solicitará a la Junta la aprobación del nombramiento de los nuevos consejeros de la sociedad, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Se nombra consejeros a Rita Maestre, edil del Ayuntamiento de Madrid, y a Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Viviendas e Infraestructuras. Como independientes se incorporan al Consejo de Administración de la sociedad María Antonia Otero y Antonio Javier Cordero.

Otero es ingeniero de Telecomunicaciones y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo Telefónica. Actualmente es consejera independiente y miembro del Comité de Auditoría de VozTelecom y consejera y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones de Inversis.

Por su parte, Antonio Javier Cordero es doctor en Economía de la Empresa y Contabilidad, economista y abogado. Inició su carrera en el Área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid, desarrollándola a lo largo de más de 30 años y hasta la actualidad fundamentalmente en empresas relacionadas con el holding público estatal SEPI, como Red Eléctrica de España, RTVE, Astilleros Españoles, Izar y Navantia.