Según informó el Gobierno, se pedirá la extradición de este huido por la presunta comisión de diferentes delitos en España durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Marbella.

El reclamado, exconcejal del Partido Andalucista de Marbella, está detenido en Argentina desde el pasado mes de septiembre tras haber permanecido huido desde el año 2006. De esa forma, el exconcejal evitó ser arrestado por su implicación en la 'operación Malaya', dentro del 'caso Saqueo II', en la que se detuvieron a 90 personas por diversas causas de corrupción.

La primera de estas solicitudes de extradición se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

GOBIERNOS DEL PARTIDO DE GIL

Los hechos se refieren a la actividad de Fernández Gámez como concejal en el Ayuntamiento de Marbella durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999. Esta fuerza política fue creada por el expresidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil.

Dicho gobierno municipal está acusado de haber actuado de común acuerdo para gestionar los recursos municipales al margen de la legalidad con el fin de sustraer a cualquier control público de bienes de esta institución, utilizando parte de ellos en beneficio propio y detrimento del Consistorio.

Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición para Fernández Gámez corresponden a tres juzgados de instrucción de la localidad de Marbella. Así, el número 5 de dicha localidad ha presentado dos solicitudes de extradición por delitos contra la ordenación del territorio y por cohecho.

Entre las imputaciones a las que debe hacer frente, el exedil del Partido Andalucista está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran contrarias a la normativa vigente. En cuanto a la acusación de cohecho, el prófugo habría recibido importantes sobornos monetarios de Juan Antonio Roca para obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos durante 2004 y 2005.