Según el estudio, no puede decirse que exista en el ordenamiento tributario español un régimen fiscal especial para personas con discapacidad. Las medidas fiscales introducidas hasta el momento denotan, según el Cermi, el creciente interés del legislador por atenuar los obstáculos a la inclusión plena en todos los aspectos de la vida que comportan las situaciones de discapacidad.

Sin embargo, estas mejoras se están incorporando en la normativa reguladora de cada uno de los tributos, “existiendo por tanto una clara dispersión normativa”, que se ve acentuada por la regulación que cada comunidad autónoma aprueba en uso de sus competencias normativas en materia tributaria.

El informe editado por el Cermi tiene por objeto la consideración global de aquellos beneficios e incentivos fiscales que, por razón de discapacidad, figuran en la regulación de los distintos impuestos que integran el sistema tributario español.

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley, si bien las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden establecer y exigir tributos conforme a la Constitución y las leyes.

El informe también expone el tratamiento fiscal aplicable a los contribuyentes con discapacidad por la normativa autonómica, así como por la legislación foral vigente en la Comunidad Foral de Navarra y en los territorios históricos del País Vasco.

Además, en el trabajo se realiza una valoración de la normativa tributaria actual aplicable a las situaciones de discapacidad y se efectúa un análisis en el que se proponen posibles reformas en los diferentes tributos que integran el sistema fiscal español con la finalidad de favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad, paliar los obstáculos y la discriminación que las situaciones de discapacidad desencadenan y promover la efectividad del ejercicio de sus derechos fundamentales.